El fiscal del Estado estudia la "filtración" sobre los avales de la Generalitat

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha abierto una investigación para aclarar de dónde proceden "las filtraciones" sobre la propuesta de la Fiscalía de Barcelona de emprender acciones judiciales contra altos cargos de la Generalitat por el caso de los avales de la CARIC (Comisión de Ayudas para la Reindustrialización de Cataluña), y por la filtración de un informe interno de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en el que se mencionaba un "cierto aroma de corrupción" en torno al asunto, aunque no hubiese delito."Lo único que lamento es la filtración, y por eso he ordenado una investigación", señaló ayer Eligio Hernández. El fiscal general explicó que había habido dos "filtraciones", una del documento de la Fiscalía de Barcelona y otro de un informe, previo de su secretaría técnica.

"El procedimiento" explicó Eligio Hernández, "consiste en que la Fiscalía General del Estado recibe la documentación de las fiscalías regionales y ésta, se pasa a la secretaría técnica, que elabora un informe previo. Este informe, el fiscal general lo somete a la Junta de Fiscales de Sala. En este caso no hemos pasado del primer escalón y informe del ponente se ha filtrado".Propuesta de la fiscalía

La Fiscalía de Barcelona proponía que la del Estado emprendiera acciones legales contra dos consejeros y cuatro ex consejeros de la Generalitat por haber concedido avales a través de la CARIC sin las debidas garantías y, en algunos casos, a empresas con las que los titulares de dos departamentos del Gobierno catalán mantenían vínculos familiares o de amistad.

El informe de la secretaría técnica decía que el asunto desprendía "un cierto aroma de corrupción", pero que sólo cabía apreciar un delito de prevaricación, ya prescrito.

[Por otro lado, la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona sobre el fraude de los pagarés falsos distribuidos por la empresa BFP, asunto conocido como caso Planasdemunt, no ha determinado aún el destino de los más de 5.000 millones de pesetas entregados por cientos de inversores.

El juez Lluis Pascual Estevill decretó recientemente el embargo de las cuentas corrientes de los principales implicados en el caso, entre ellos el ex conseller de Economía de la Generalitat, Jordi Planasdemunt, sin hallar candidades de dinero significativas, según fuentes judiciales que cita la agencia Efe].