El PSOE pide el amparo de los presidentes del Congreso y del Senado en el "caso Filesa'
El presidente del PSOE, Ramón Rubial, solicitó el martes, en sendas cartas enviadas a los presidentes del Congreso y del Senado, los socialistas Félix Pons y Juan José Laborda, respectivamente, su amparo ante la investigación que el juez Marino Barbero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lleva a cabo sobre el caso Filesa, que afecta a la presunta financiación ilegal del partido. Una copia del texto ha sido remitida también al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala. Rubial, en nombre de la ejecutiva socialista, afirma que la actuación del juez Barbero "no se ajusta a derecho".
Una de las principales acusaciones de la dirección del PSOE al juez es la de vulnerar de "manera especialmente grave" el secreto del sumario, ya que se ha filtrado la petición que el magistrado instructor ha cursado a la dirección socialista de los libros oficiales de contabilidad del partido.Marino Barbero había pedido el 28 de octubre a la dirección del PSOE que le enviara en el plazo de cuatro días el libro de actas, los libros de contabilidad y la declaración anual de ingresos y pagos, así como la certificación de los cargos de responsabilidad de los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Sala, presuntamente implicados en el caso Filesa. El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, declaró ayer que su partido ha contestado a dicho requerimiento y admitió que la carta remitida a Pons y Laborda tenía otro objetivo.Investigación extensaSegún Benegas, "lo único que tiene que decidir el magistrado es si tiene que pedir o no el suplicatorio al Congreso y al Senado para actuar frente a un diputado [Navarro] y a un senador [Sala], y entendemos que se está haciendo una investigación bastante extensa de dos parlamentarios sin conocimiento de las cámaras".En clave política, la dirigente socialista, Carmen García Bloise, señaló que "hay que proteger la buena imagen del PSOE y parar la agresión" que, a su juicio, sufre el partido: "Hoy nos afecta a nosotros, pero mañana puede ser a otros y esto puede tener malas consecuencias para el clima del país". Del magistrado, dijo: "No suelo juzgar lo que hace el poder judicial, pero cualquier observador objetivo vería que se están haciendo juicios políticos que van más allá de lo que sería un juicio normal".
La ejecutiva argumenta en la propia carta enviada a Pons y Laborda su petición de intervención ante la condición de "especialmente aforados" del senador Josep Sala y del diputado Carlos Navarro. La carta reclama la "inviolabilidad" de ambos parlamentarios y especifica que la solicitud de certificación de sus cargos "debería haberse cursado a través de la presidencia del Supremo, que a su vez la habría dirigido a la presidencia de ambas cámaras".
También alega la Ejecutiva Federal del PSOE que no puede acreditar la condición de cargos y responsabilidades de Sala y Navarro porque el Grupo Parlamentario Socialista y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -a los que ambos pertenecen- tienen personalidad jurídica propia.
Respecto a los libros de contabilidad del partido, también solicitados por el magistrado Barbero, la Ejecutiva del PSOE responde que su fiscalización corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas y no al Supremo, de acuerdo con la legislación. En este sentido, señala que el PSOE "ha remitido al Tribunal de Cuentas todos los documentos de carácter contable" solicitados.
En cuanto a la petición del libro de actas, la ejecutiva del PSOE responde que no lo tiene en su expresión mercantil, sino que levanta acta de todas las reuniones de sus órganos directivos" y que éstas tienen "carácter reservado". Pararechazar la entrega de actas, alega, además, que al estar personado en la causa otro partido político, éste "tendría acceso a todo un conjunto de información de estrategia política o electoral". Asimismo, responde que un partido no está obligado a la declaración anual de ingresos y pagos por medio del modelo 347, que se reclama. Una vez conocida la remisión de la carta, el presidente del Congreso manifestó que "no se ha enviado con la finalidad de obstaculizar el funcionamiento de la Administración de Justicia". "La carta se remite para informar a la Cámara y ver si alguno de los intereses que son propios de la institución están afectados y adopte las medidas que crea convenientes", dijo Pons.
