Ocisa acomodó el pago de comisiones del 'caso Ollero' a los ingresos que recibía de la Junta

La empresa Ocisa acordó con Pedro Llach que el pago de la comisión por la adjudicación de la obra Las Pedrizas-Salinas, desencadenante del caso Ollero, se realizaría del ritmo de abono que siguiese la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Así, la comisión de 85 millones de pesetas -un 3% del presupuesto total de la obra, adjudicada en 2.854 millones- se pagaría en tres veces, a razón de 28 millones por año. Parte del dinero del primero de esos pagos -22 millones de pesetas- fue intervenido por la policía judicial en el coche de Jorge Ollero, otro de los implicados la madrugada del 15 de julio.

Los pagos que la Junta de Andalucía realizaría a Ocisa entre 1992 y 1995 serían de 10 millones el primer año, 750 el segundo y 2.094 el tercero, acordándose verbalmente que en 1995, y tras realizar una revisión de precio de la citada obra, la constructora cobraría la mitad aproximada del pago realizado en 1994, esto es, unos 1.000 millones de pesetas.Estos datos, extraídos de la revisión parcial de las diligencias del caso Ollero, explican el retraso del pago de la primera entrega de la comisión, previsto en principio para el mes de mayo y que se realizó el 14 de julio pasado.

La policía judicial de Sevilla ha llegado a investigar los movimientos bancarios de un total de 96 cuentas corrientes de la constructora Ocisa en varias ciudades españolas. La investigación pretendía determinar la procedencia y contabilización del dinero destinado al pago de comisiones presuntamente ilegales.

La factura de ese primer pago fue contabilizada por Ocisa el 17 de junio, casi un mes antes de efectuar el pago, en billetes de 10.000 pesetas, en un hotel de Madrid. La revisión del sumario desvela aquí un dato curioso: el maletín empleado para transportar el dinero había sido un regalo a Ocisa por su participación en un congreso internacional de empresas constructoras.

El presidente de Ocisa, Jesús Roa, tiene declarado en el sumario que el dinero pagado a Pedro Llach, al que reconoce como colaborador de su empresa, correspondía a sus servicios prestados, una parte, y a una gratificación por la buena marcha de la empresa, sobre todo después de la adjudicación por parte de la Junta de las obras de desdoblamiento de la carretera Las Pedrizas-Salinas. Según fuentes que conocen las diligencias, Roa admite en sus declaraciones que la información obtenida por Llach "no es una información privilegiada, pero sí dificil de conseguir".

Un sinfín de obras

Los abogados que representan la acusación particular de los partidos políticos personados en el caso intentaron ayer frenar las filtraciones del sumario, insistiendo en que las actuaciones siguen siendo secretas y que cualquier análisis parcial es necesariamente sesgado.No obstante, reiteraron que a lo largo de los folios que integran los seis tomos del sumario se hace referencia a un sinfín de obras y empresas. Entre ellas, la del puente del Alamillo, construido con motivo de la Expo 92. De hecho, la suspensión de los pases de temporada fue tema de una las conversaciones telefónicas entre Pedro Llach y Antonio Mena, funcionario de la Junta, grabadas por la policía. Ambos sabían de la suspensión de los abonos antes incluso de que fuese anunciada públicamente. LI.ach tranquilizó a Mena: "No te preocupes, los que tenemos invitación no tendremos problemas".Por otra parte, el abogado de Pedro Llach, Wenceslao Moreno, solicitó ayer a la juez Pilar Llorente que practique un careo entre su cliente y José Miguel Furriel, quien acusa a los letrados de la defensa de haber falsificado las facturas emitidas por Ocisa. Llach y Furriel, quien dijo ser abogado y falangista, se conocieron durante la estancia de ambos en la prisión Sevilla-1.