Diálogo crítico

LA NEGOCIACIÓN sobre el proyecto de ley del derecho de huelga y la puesta en funcionamiento del recién creado Consejo Económico y Social son dos ejemplos prácticos de que el diálogo vuelve a ser valorado por el Gobierno y los agentes sociales como un instrumento que puede sustituir con ventaja al enfrentamiento en la resolución de problemas que atañen a la sociedad entera.Que esta actitud se produzca en momentos de crisis económica como la actual no es demérito alguno. En ninguna parte está escrito que en estas situaciones el diálogo y la negociación sean alternativas inexorables y que deban imponerse por su sola bondad a otros basados en la exacerbación de las tensiones y de las pugnas sociales. El que el Gobierno y los interlocutores sociales apuesten por buscar una salida concertada a los problemas derivados de la crisis es, ante todo, un ejercicio de responsablidad basado en un análisis correcto de la situación y de las alternativas existentes para superarla. Una actitud que no hay razón para no reivindicar también como acertada pauta de conducta a seguir en otros momentos económica y socialmente más favorables que el actual.

El recién constituido Consejo Económico y Social -un organismo constitucional que ha permanecido congelado durante 15 años en espera de su desarrollo legal- puede servir para facilitar en el futuro un diálogo social tan arduo de alcanzar en el pasado y que ha estado jalonado de desplantes y rupturas. La decisión de ponerlo en funcionamiento parece indicar que el Gobierno ha apostado por la existencia de un espacio institucional que facilite los contactos entre los interlocutores sociales y que ayude a amortiguar y encauzar los conflictos inherentes al desarrollo económico y social.

La negociación previa con los sindicatos del proyecto de ley de huelga, antes de su presentación en el Parlamento, es una prueba de este ejercicio de responsabilidad frente a quienes mantienen a machamartillo posturas preconcebidas y dogmáticas en el ámbito de las relaciones industriales y sociales. De haberse impuesto estas últimas, es dificil que hubiera habido en España una ley sobre el ejercicio del derecho de huelga socialmente aceptada. No la habría si el Gobierno hubiera insistido en sacar adelante dicha ley sin el acuerdo de los sindicatos; o si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hubiera mantenido su pretensión de establecer una cláusula de declaración previa de legalidad o ilegalidad del conflicto laboral; o si los sindicatos hubieran defendido a ultranza su postura de considerar cualquier regulación legal de la huelga como sinónino de la negación del ejercicio de dicho derecho.

Precisamente porque unos y otros han caído en la cuenta de la sinrazón de estas posturas -de ningún modo justificadas en unos casos por el fundado malestar social provocado por la exacerbación de la conflictividad laboral y, en otros, por el miedo a un recorte drástico de un derecho básico de los trabajadores- está a punto de conseguirse algo que no hace mucho parecía imposible: consensuar un marco legal para el ejercicio equilibrado del derecho de huelga en aquellos servicios y sectores productivos que son esenciales para la vida de la comunidad. Ése es el bien social que era urgente salvaguardar, y no aprovechar el malestar ciudadano por la conflictividad en los servicios públicos para regular de forma casuística el derecho de huelga en su conjunto, poniendo en cuestión el marco de libertad que le es propio. Desde esta perspectiva, los acuerdos alcanzados sobre la determinación de los sectores productivos esenciales, o sobre los servicios mínimos que deben prestarse, o quiénes deban garantizar su prestación, estaban al alcance de la mano. Mucho más complejo era convenir en la necesidad del diálogo social como marco propicio para solventar los problemas por difíciles que sean.