Zapatero pide comparecer en el Congreso para explicar el presunto fraude del BOE
El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilo Zapatero, solicitó ayer la comparecencia urgente ante la comisión de Administraciones Públicas del Congreso para informar sobre el presunto fraude de 1.010 millones de pesetas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), caso que investiga la juez de instrucción de Madrid Ana Ferrer.
La magistrada investiga a la ex directora general del BOE, Carmen Salanueva Urtiaga, al jefe de producción, Julio Fernández González, y al responsable de la sección de Contrataciones y Bienes Patrimoniales, Faustino Sánchez Herrán. La actuación judicial se centra en posibles delitos en la adjudicación directa -entre 1989 y los primeros meses de 1991- a tres empresas del suministro de papel prensa para el BOE.La juez investiga también a Guillermo Rafael Cervera Monfort, Antón Soroa Carrera y Lorezno Cavanillas García-Carellán, responsables de las empresas Toixima, Papelera Udalar y Papel 6, respectivamente, suministradores del papel a precios, al parecer, muy superiores a los del mercado.
Izquierda Unida comenzó a investigar posibles irregularidades en el BOE en 1990 y planteó en el mes de octubre de ese año, ante la comisión Constitucional del Congreso, supuestas anomalías de las que pidió cuentas a Carmen Salanueva, entonces directora general del organismo.
Los planteamientos de entonces supusieron el cabo por donde se tiró del hilo de la auténtica investigación posterior. José Luis Núñez, diputado de Izquierda Unida, insistió ayer en que las investigaciones se iniciaron gracias a los representantes de Comisiones Obreras en el BOE.
Coincidencia telefónica
El 10 de octubre de 1990, ante la comisión Constitucional del Congreso, José Luis Núñez planteó a la entonces directora general del BOE que, en su opinión, se había "abusado claramente de la contratación directa" y de numerosos e injustificados viajes, entre mayo y diciembre de 1985, en busca de una rotativa.También Núñez acusó a Salanueva de irregularidades en la contratación de obras en las instalaciones del BOE y añadió, "con todo el respeto", que el teléfono de una de las empresas adjudicatarias de las obras -BAU, SA- coincidía con el de la directora general.
Sobre sus viajes, Salanueva replicó entonces que se trataba de "mirar todas las ofertas que había en el mercado". Respecto al teléfono de su piso, la ex directora general del BOE precisó lo siguiente: "Yo no he tenido nunca el teléfono de una de las empresas de construcción (...); yo he podido comprar, a través de una inmobiliaria -que es lo que sus fuentes nunca llegaron a saber- un piso a una de la constructoras, a través de una inmobiliaria que no tenía nada que ver (...), desde luego muchísimo antes de que entrara en el Boletín Oficial del Estado. A mí me da igual esta empresa que cualquier otra (...), de manera que las excusas que usted ofrecía creo que estarían bien".
Núñez respondió que lo sentía, pero que no podía pedir disculpas "porque en las dos fotocopias que tengo, de la guía del Colegio, [de abogados] y de la guía telefónica, coincide el número de la empresa BAU, SA, con el número que usted tenía como colegiada no ejerciente".
"Tampoco puedo pedir disculpas respecto al piso", prosiguió el diputado Núñez, "porque, según escritura que consta en el Registro, el piso fue comprado el 29 de abril del año 1985 y usted fue nombrada directora general el 27 de marzo del mismo año. Lo siento". A partir de estas acusaciones se inició la investigación.
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