Al borde de la Constitución
La constitucionalidad del impuesto de actividades económicas (IAE) ha sido puesta en duda por no pocos expertos, hasta el punto de que Fomento del Trabajo Nacional -la gran patronal catalana, adherida a la CEOE- ha puesto en marcha un complejo mecanismo de impugnación de la norma destinado a llevar la ley ante el Tribunal Constitucional. La principal acusación de la patronal contra el IAE estriba en que se trata de un impuesto que no toma en consideración la capacidad económica del contribuyente.El IAE parte de unos baremos fijados previamente por Hacienda en los que se tienen en cuenta las características económicas de cada sector y el entorno en que se desarrolla la actividad: la superficie que ocupa el comercio, la energía contratada, el número de personas empleadas, etcétera. A estos módulos se aplican tres coeficientes diferentes que pueden incrementar esa cantidad hasta un 440%.
El primer coeficiente (hasta un máximo de un 40% de incremento) corresponde a las diputaciones provinciales. Los otros dos son potestad de cada ayuntamiento. El primero varía en función del número de habitantes de la localidad, y el segundo se aplica basándose en la categoría de la calle en que se halla el comercio.
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