Asegurar la paz

POR TERCERA vez, España ocupará una de las 10 plazas no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ésta era la primera ocasión en que no se producía una asignación consensuada de las vacantes, por lo que fue necesario concurrir a una votación abierta de la Asamblea General (había tres candidatos para las dos plazas vacantes reservadas al grupo de países occidentales). Dice mucho en favor del prestigio internacional de España que recibiera el apoyo mayoritario en la primera vuelta.El mandato es por dos años (1993-1994), y durante él debe abordarse una reforma sustancial del organismo para adecuarlo a las nuevas circunstancias políticas del mundo (desaparición del socialismo real, redistribución del cuadro de grandes potencias, asunción de un papel más activo o más agresivo en la gestión de la paz) y para potenciar su eficacia. La presencia de España en el Consejo no es, por consiguiente, un premio a una buena trayectoria internacional. Es una responsabilidad que contrae.

Sin duda, uno de los grandes temas pendientes es, precisamente, dotar a la organización de una funcionalidad mayor. Plantearse, incluso, la propia composición y funciones del Consejo. Replantearse, en suma, la perdurabilidad de los privilegios que se otorgaron los países vencedores de la II Guerra Mundial.' Pero también es evidente que dotar a la entidad de mayores y más precisas funciones exige una financiación acorde con los objetivos. ¿Tiene sentido que países como Japón o Alemania no se sienten permanentemente en dicho Consejo? ¿O que la CE, como tal comunidad y con una aportación presupuestaria del 30% del total, no tenga un peso específico similar a su potencia económica y política?

La ONU, se ha dicho muchas veces, tiene la fuerza que le prestan sus miembros. No es de recibo, por tanto, que sean sus propios miembros los que critiquen su falta de operatividad. Al contrario, la dinámica de la historia exige cada vez con mayor decisión una actuación conjunta responsable y pacificadora: * el surgimiento de nuevas guerras, el mantenimiento de situaciones angustiosas -ahí está el caso de Somalia, por ejemplo- y la permanente amenaza de conflictos en muy diversas partes del mundo lo justifican sobrada mente. Por este motivo, la razón última de la pertenencia de un Gobierno a alguno de los más decisivos órganos de acción de la ONU está en estimular a todos los miembros a que realmente sean conscientes de la fuerza que tienen, para canalizarla sin pudor hacia la consecución de la paz.

¿Podrá España cumplir con sus obligaciones si, por un excesivo cuidado en sus relaciones bilaterales, no se suma a la presión que ejerce el Consejo sobre Marruecos para que se celebre de una vez el referéndum en el Sáhara? ¿Es concebible que España suscriba tranquilamente la pasividad del Consejo con respecto a Yugoslavia? Y al enviar cascos azules, ¿puede al tiempo desviarse la mirada de los conflictos que se debe contribuir a resolver? El Consejo de Seguridad tiene los medios y la autoridad para imponer la paz en algunas situaciones o buscarla activamente en otras. La presencia de España debe ser un estímulo para esta actividad y no una rémora.