Pujol compara la acción fiscal contra sus consejeros con la que él afronto en el 'caso Banca Catalana'

EL PAÍSEl presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y, por extensión, el Gobierno catalán y Convergència Democrática (CDC) han cerrado filas ante el informe de la fiscalía de Barcelona en el que se acusa a seis consejeros y ex consejeros del Ejecutivo autónomo de malversar caudales en la concesión de avales de la Generalitat a empresas privadas entre 1981 y 1986. Los con vergentes han reaccionado ante la acción fiscal acusando al ministerio público de actuar "de forma imprudente y con ánimo político" en su "persecución constante" contra CDC. El propio Pujol sentenció ayer, en una declaración institucional, que "la técnica" empleada por la fiscalía en este asunto es igual a la seguida hace ocho años contra él por el caso Banca Catalana.

El presidente de la Generalitat, además de salir en defensa de "la honorabilidad y la profesionalidad" de sus colaboradores citados en el informe judicial los, consejeros Macià Alavedra y Antoni Subirá, así como sus antecesores Josep Maria Cullell, Josep Manuel Basáñez, Vicenr, Oller y Joan Hortalá-, dedica la mayor parte de su declaración institucional a arremeter contra la fiscalía de Cataluña.

Una fiscalía a la que, pese a reconocer su misión constitucional -"es bueno que el Gobierno sea sometido a vigilancia por parte de los órganos judiciales"-, Pujol atribuye indirectamente una falta de "objetividad y neutralidad".

El presidente catalán considera que la forma de proceder de la fiscalía en el caso de los avales es "reiterativa y especialmente grave" por cuanto sostiene que el informe al fiscal general del Estado "ha sido filtrado a la prensa" (en referencia a la información publicada ayer por EL PAÍS y La Vanguardia) pese a ser "altamente confidencial".

"Esta técnica", continúa la declaración, "es utilizada a menudo por personas que, más allá del objetivo jurídico, buscan el desgaste político y el desprestigio personal". Pujol agrega: "Concretamente esta técnica fue utilizada a fondo en el caso de la querella que me fue puesta por el caso de Banca Catalana. Aquél fue un tema de gran carga política y de gran peligro desestabilizador, que sólo gracias a la prudencia y serenidad de las personas injustamente querelladas no produjo efectos mucho más negativos para la colectividad".

Tras leer la declaración, Pujol se negó a responder a ninguna pregunta sobre el caso y se remitió a una futura declaración del Gobierno catalán.

Acusaciones

Miquel Roca fue de los primeros dirigentes de CDC en arremeter contra Jiménez Villarejo, al que acusó de "perseguir de manera constante" a Convergéncia. Los implicados en el informe fiscal cabalgaron ayer entre el más absoluto mutismo, el comentario exculpatorio y la aparente indiferencia. Josep Maria Cullell optó por esta última fórmula. Un portavoz de Antoni Subirá se remitió a las manifestaciones del consejero hace una semana en el Parlament, en las que justifició la política de concesión de avales, incluso en aquellos casos en los que sus propios parientes han sido beneficiados.

Raimon Obiols, primer secretario del Partit dels Socialistes, calificó de "demencia]" la política en materia de avales a empresas aplicada por el Gobierno catalán.

Mena, en declaraciones a Radio Barcelona, de la cadena SER, proclamó que "está absolutamente equivocado" quien diga que la fiscalía de Barcelona persigue a CDC o a la Generalitat. "Si el señor Roca fuera consciente de lo que está diciendo, estaría cometiendo una grave e injusta ofensa a la fiscalía", sentenció Mena. El teniente-fiscal dijo sentirse dolido por el "error de un político [Roca] al que he tenido siempre por inteligente y honesto".

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, a quien la fiscalía barcelonesa ha remitido su investigación advirtió ayer que no piensa pronunciarse al respecto mientras los servicios técnicos de su departamento no elaboren un estudio.