El Tribunal Constitucional
resolvió ayer un conflicto de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña, que estima parcialmente. El alto tribunal decide que, aunque corresponde al Estado la convocatoria de oposiciones y concursos a plazas vacantes de magistrados, una orden de Justicia de 1986 desconoció la facultad estatutaria de instancia e impulso" para cubrir las siete vacantes de Cataluña para juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio profesional.
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