El número de objetores se dispara tras las sentencias benévolas con los insumisos

El número de objetores de conciencia, que se mantenía estable desde mayo de 1991, se ha disparado de nuevo, coincidiendo con la difusión de varias sentencias que dejan en libertad a los insumisos o les aplican penas muy inferiores a las previstas por la ley: dos años, cuatro meses y un día de cárcel.

"Tal vez haya influido [en el aumento de los objetores] la imagen que se ha dado con las últimas sentencias sobre la insumisión de que estamos otra vez en una situación de incertidumbre respecto a la aplicación de la ley", admite Dionisio Llamazares, director general de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia.En enero de este año, el número de solicitudes presentadas ante el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia era inferior en un 47% a la cifra del mismo mes de 1991 y, en febrero, el aumento era sólo del 5,3%. En marzo, sin embargo, coincidiendo con la sentencia del juez José Luis Calvo que absolvió por primera vez a un insumiso, se produjo un incremento del 32% con respecto a 1991, porcentaje que se mantuvo en abril y mayo, para llegar al 88% en junio y al 189% en julio y agosto.

En septiembre, el incremento acumulado era ya del 36%, lo que supone 7.000 objetores más que en el mismo periodo del año pasado. "En 1992 vamos a superar abundantemente las 30.000 solicitudes", vaticina Llamazares, frente a las 28.000 de 1991.

El director general asegura que "la imagen de que los jueces están poniendo en solfa la ley", transmitida por los medios de comunicación, "no se corresponde con la realidad". "Las sentencias que no imponen la pena prevista por la ley son hoy por hoy excepcionales, quizá no pasen de ocho sobre un total de 35". "En ningún caso", añade, "los jueces han pretendido modificar la ley, sino ver si, en supuestos concretos, concurrían circunstancias excepcionales que permitieran atenuar la pena. El recurso jurídico utilizado es correcto, aunque se puede cuestionar si la apreciación de las atenuantes es acertada".

Inspectores por autonomías

El fuerte aumento de las solicitudes agravará los problemas de la Oficina para la Prestación Sustitutoria de los Objetores, que todavía no ha conseguido superar el retraso en las tareas de clasificación y adscripción. Antes de que acabe el año serán llamados los objetores restantes de 1990 y se pretende acabar con el retraso en enero de 1995, de forma que cada año se incorporen los reconocidos el año anterior. Llamazares confía en que la oficina pueda aumentar en breve su plantilla con 40 incorporaciones, lo que supondrá casi doblar las 51 que ahora tiene. Más difícil parece contar con un nuevo sistema informático.

Actualmente, 8.500 objetores están realizado la prestación social y esta cifra llegará a 14.000 en febrero de 1993. Desde septiembre, la oficina cuenta con un inspector por comunidad autónoma y un programa de visitas que afectará al 25% de los objetores hasta junio, lo que permitirá conocer el grado de cumplimiento de la prestación.

"No basta con decirle a un señor que tiene que insertarse en éste o aquel programa, sino que hay que tener la posibilidad de controlar que efectivamente se hace, sin depender sólo del informe de la entidad", argumenta Llamazares. La prestación social no podrá funcionar a pleno rendimiento, agrega, "si las entidades, privadas y sobre todo públicas, no colaboran creando puestos de actividad". Aunque ya hay 27.000 puestos concertados, faltan conciertos con muchos ayuntamientos importantes, como el de Madrid.