El alcalde y los 10 concejales de Mancha Real, condenados a un año de prisión y medio de destierro

La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado al alcalde de Mancha Real, Alfonso Martínez Hoz, y a los 10 miembros de la corporación municipal que gobernaba cuando se produjo el destrozo de seis viviendas durante una manifestación a un año de prisión menor por un delito de manifestación ilícita y a seis meses y un día de destierro por un delito contra la libertad de residencia. Los ediles habían adoptado un acuerdo unánime en un pleno de solicitar "a los delincuentes habituales" que abandonasen el término municipal.

Por el mismo delito, los acusados deben pagar tres millones de pesetas a cada una de las siete familias que abandonaron el pueblo en la madrugada del 18 de mayo de 1991. Además, se condena a cinco vecinos por el delito de daños en las viviendas de la comunidad gitana a penas de 4 años, 9 meses y 11 días de prisión para cada uno de ellos. También deberán pagar más de siete millones de indemnización a los dueños de las casas destruidas. A esta pena hay que añadir un año de prisión menor por manifestación ilícita. Sin embargo, la sentencia absuelve al alcalde y a la corporación del delito de daños.En la sentencia se considera que el alcalde y los concejales no pueden considerarse autores del delito de daños al ignorar que éstos se estaban realizando, ni como coautores al no existir acuerdo para realizarlos. Tampoco considera que existiese inducción al no haber una incitación directa, ni complicidad por no haberse justificado que cooperasen en su ejecución.

En el denominado caso Mancha Real estaban acusadas 22 personas, de las que cuatro han sido absueltas. Los dos acusados de quemar dos viviendas en los meses posteriores a la celebración de la manifestación que terminó con la destrucción de las casas han sido condenados a 10 años de prisión para Francisco Ruiz Cantero, que se declaró inductor, y a dos años al vecino que colaboró en la quema.

Los defensores y la acusación particular manifestaron ayer que presentarán recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Pedro Apalategui, abogado de la acusación particular, calificó la sentencia como positiva aunque destacó que la corporación ha quedado desvinculada del delito de daños. "Trataré con mis patrocinados la presentación del recurso, al no estar conforme con la no aparición como inductor del alcalde", dijo.

El abogado de la corporación municipal y de nueve de los vecinos, Enrique Ruiz Roldán, indicó que la consigna "de mucha gente" era acabar con el alcalde de Mancha Real "y con esta sentencia no han acabado, hay alcalde para rato". Para Ruiz Roldán el interés social suscitado tras los sucesos de Mancha Real ha influido en el juicio: "Los medios de comunicación y algunos sectores políticos nos habían condenado hace más de un año", aseguró.

"Los poderosos no pagan"

A la lectura de la sentencia acudió el patriarca de la comunidad gitana de Mancha Real, Antonio Romero, el Cojo, para el que la sentencia demuestra "que los poderosos nunca pagan, siempre se ahogan los pequeños". Ninguno de los miembros de la comunidad gitana que ayer escucharon en la audiencia las penas que pedían para sus antiguos vecinos se sentía satisfecho por las condenas. "Me parece que es muy poco. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos salido de nuestras casas, a las que no podemos volver", decía Isidro, uno de los hijos de El Cojo.

La sentencia recoge como hechos probados que tras la muerte de Ángel Arroyo, ocurrida en la madrugada del 18 de mayo de 1991 en una pelea con miembros de la familia gitana de los Romero, un grupo de payos se concentró en la plaza del Ayuntamiento pidiendo justicia. Hasta allí acudió la corporación municipal, que celebró un pleno extraordinario y acordó pedir que las familias implicadas en la muerte abandonasen el pueblo.

Ese día se produjo la primera manifestación, sin incidentes. Al final de la misma, Alfonso Martínez dirigió unas palabras a los vecinos para advertir que las próximas movilizaciones podrían ser más violentas y que ellos mismos marcarían con pintura las puertas de las viviendas de las personas que debían abandonar Mancha Real.

A la mañana siguiente, tras el entierro de Arroyo, hubo otra manifestación, en la que un grupo de vecinos destrozó las viviendas de los gitanos, que abandonaron la localidad por sugerencia de la Guardia Civil ante el temor a nuevos ataques.

La Unión Romaní, que agrupa a asociaciones gitanas de toda España, consideró ayer en una nota que la sentencia "es ejemplar... pero menos" aunque afirma que "la justicia ha sabido estar a la altura de la responsabilidad histórica que de ella se esperaba".

[Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, declaró ayer: "Lógicamente es una sentencia que contiene un mensaje a todo responsable político en cualquiera que sea la institución en la que esté. Cualquier movimiento, cualquier acto de xenofobia o de racismo debe ser combatido con voluntad y decisión política, no sólo para evitarlo, sin para que suceda todo lo contrario"].