Los directivos de Ceres se llevaron los muebles antes de la actuación judicial

Los directivos de viajes Ceres, empresa vinculada a Filesa y a la presunta financiación ilegal del PSOE, se repartieron los muebles y otros elementos que había en la oficina de la agencia de viajes, en el paseo de la Castellana de Madrid, poco antes de que la sede fuese intervenida por agentes judiciales. Juan Calatayud Montell, ex consejero delegado de Ceres, autorizó un préstamo de 66 millones de pesetas a la sociedad Mayo Floresta, que administraba su mujer, Carmen Subías Pascual, que el propio Calatayud posteriormente calificó de "irrecuperable".El documento que detalla el reparto del mobiliario fue localizado en uno de los archivos de Ceres, cuya sede central está en Palma de Mallorca, y forma parte de las pruebas judiciales que el titular del Juzgado número dos de Madrid, Álvaro Lobato, ha remitido al Juzgado número 26, que instruye una querella criminal interpuesta por la Empresa Nacional de Transporte en Carretera (Enatcar) contra los directivos e interventores de viajes Ceres por presunta estafa, cohecho y alzamiento de bienes públicos.

Lobato logró reunir 11 carpetas con documentación que detallan operaciones financieras y asientos contables, "constitutivas de posibles delitos", precisó. Los directivos de viajes Ceres deben responder por el presunto desvío de fondos estatales a entidades vinculadas a su propio accionariado cuando la agencia de viajes organizó, en 1989, el programa de vacaciones invernales del Inserso. Ceres dejó 2.000 millones de deudas en el sector turístico. Lobato planea declarar el secreto de las actuaciones.

Entre las posibles irregularidades destaca la concesión de un préstamo de 66 millones de pesetas que viajes Ceres otorgó a la sociedad Mayo Floresta, administrada por la esposa de Juan Calatayud Montell. El préstamo no fue devuelto y fue calificado de "irrecuperable" por Calatayud, según los documentos que obran en poder del juez.

Mayo Floresta está vinculada al accionariado de viajes Ceres y tiene su domicilio social en la avenida Virgen de Montserrat número 2, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Quejas ante el CGPJ

Algunos directivos de Ceres elevaron una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Álvaro Lobato, al que acusan de "excederse en sus funciones".

Lobato envió un informe al CGPJ detallando cada una de las decisiones que había adoptado y reiteró que su conciencia "está tranquila". Uno de sus últimos pronunciamientos fue rechazar un intento de la sociedad Kartel de Inversiones (propietaria del 50% de las acciones de Ceres) de entrar en la masa de acreedores en la suspensión de pagos de la agencia de viajes. Los directivos de Kartel habían adquirido por 200.000 pesetas los derechos de un acreedor, pero Lobato se opuso al considerar que era "un claro abuso de derecho".