Entrevista:

"Yo soy de derechas, como UCD"

Alberto Ruiz Gallardón, de 34 años, ha sido dos veces candidato a presidir la Comunidad de Madrid. En la primera, perdió; en la segunda, ganó pero perdió. El pacto PSOE-IU sumó más escaños y le cerró el paso. Es hijo de brillante político y abogado -José María Ruiz Gallardón, ya fallecido- y se educó entre libros y buena familia. De la infancia le ha quedado encima ese aspecto de alumno aventajado -también llamado empollón- que no parece importarle: un político de su edad necesita ser visto como si fuera más viejo. Su trato, en cambio, se le escapa joven y ágil. Y su conversación, dura: "Joaquín Leguina se ha convertido en una marioneta de Izquierda Unida".

El despacho de Alberto Ruiz Gallardón en la sede del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid -Princesa, 3- es umbrío y austero. Destacan en la pared, entre varios recuerdos, un trinquete de frontón -como la cesta punta, pero algo más pequeño- regalado por sus compañeros del País Vasco, y dos mapas de la Comunidad de Madrid, uno de ellos con la sierra y las montañas en relieve. También llama la atención un plato de cerámica cuyo texto dice: "Villaviciosa de Odón, con Ruiz Gallardón". Y se ve una foto en la que aparece Manuel Fraga.Pregunta. ¿Es usted de derechas?

Respuesta. Sí.

P. Pues será de los pocos que lo reconocen.

R. Es que la expresión estaba desprestigiada en España como consecuencia de la identificación con el régimen anterior. Y ésa evidentemente no es la derecha que nosotros representamos. Incluso yo parto del supuesto de que el Gobierno de UCD era de derechas. A las puertas del siglo XXI, sólo hay dos modelos para gobernar una sociedad democrática: uno, desde el Estado; y otro, desde la sociedad. Entender el Estado como impulsor de la actividad económica, social, educativa, de la garantía de los servicios públicos, es un modelo de izquierdas; y entender que el Estado debe aplicar el principio de subsidiariedad, corregir los desequilibrios que se produzcan, pero que sea la sociedad la que tenga mayor protagonismo, de modo que la persona sea como centro de cualquier actuación, es una política de derechas. No hay actuaciones intermedias.

P. ¿No hay centro?

R. El centro es más una actitud vital, de moderación. Lo que pasa es que yo apuesto por una izquierda moderada y una derecha moderada.

P. ¿En qué cambiaría la Comunidad de Madrid una política de derechas?

R. Cambiaría radicalmente. Aplicaríamos un principio fundamental: la Comunidad autónoma de Madrid no tiene ninguna justificación de ser, ni por razones históricas, ni culturales, ni lingüísticas, ni siquiera por razones socioeconómicas. Su única razón de ser es que tenga una capacidad de prestación de servicios más eficaz que la antigua Administración central del Estado. El ciudadano de Madrid no va a apreciar la Comunidad por sus símbolos, sino por su capacidad de acercar la Administración al ciudadano. Por tanto, el eje fundamental de un gobierno del PP sería la utilidad de la Comunidad. Ahora bien, nosotros no nos dedicaríamos a competir con la iniciativa privada, sino a llegar allí donde la iniciativa privada no produce la situación objetiva para generar riqueza. Es mejor generar, por ejemplo, una infraestructura de transporte que haga competitiva una zona de Madrid que subvencionar empresas para que se instalen en zonas que no son competitivas porque carecen de infraestructuras de transporte. La izquierda hace la política de la subvención -al empleo o a la industria- y nosotros practicaríamos una política de generación. Es de vergüenza que en los últimos cinco años no se haya inaugurado ni una sola estación de metro. Creo que ahora el alcalde impulsará desde el Consorcio de Transportes la creación de infraestructuras del metro.

P. Sin embargo, parece que ustedes como oposición buscan más en el PSOE el flanco de la gestión económica y el despilfarro que las diferencias ideológicas.

R. Pues esa apreciación no responde a nuestras intenciones. De todas formas, el control es sano. Los gobiernos que se asustan del control, como el gobierno de Leguina, tienen poca vocación democrática. Aun así, no tengo conciencia de no haber conseguido transmitir al pueblo de Madrid no sólo nuestra capacidad de oposición sino también de alternativa.

P. ¿Cómo enfocaría desde el gobierno regional, si ganase las elecciones, una campaña contra el sida?

R. Somos el partido que más está haciendo contra el sida, y contra la discriminación de los enfermos. La lucha en favor de los marginados en Madrid la ha llevado el PP, y eso le ha sorprendido a mucha gente. ¿Qué haríamos nosotros? Pues todas las propuestas que hacemos desde la oposición las convertiríamos en realidad. En la lucha contra el sida hace falta una inversión muy importante, pero debe producirse mediante un programa nacional donde estén coordinadas todas las administraciones sanitarias. Y lo que sí podemos hacer desde las comunidades autónomas es acabar con la discriminación.

P. ¿Fomentaría usted el uso de preservativos?

R. Fomentaría todas las campañas que signifiquen métodos de prevención. Y si uno de los mecanismos de prevención es que en las relaciones sexuales se utilicen preservativos, yo, dentro de una campaña de información, y evitando todas las groserías con las que habitualmente se han realizado estas cosas por el Ministerio de Asuntos Sociales, por supuesto que incluiría la recomendación del uso de preservativos. Pero esto hay que hacerlo con un carácter científico. Lo que ha caracterizado en esto a los socialistas es la grosería y la demagogia.

P. ¿Cómo se pueden resolver en Madrid los problemas de los ancianos desvalidos?

R. Haciendo algo que no ha hecho el gobierno regional: aumentando el número de plazas de las residencias de ancianos, aplicando un criterio de disminución de su tamaño... Por cierto, a veces los políticos no sabemos valorar la labor social que realizan determinadas órdenes religiosas, su cooperación civil... Las residencias de ancianos deberían ser muchas y pequeñas, en distintos barrios, de tal forma s que el anciano que abandone su casa pueda vivir en un lugar próximo, donde mantenga sus contactos. También es muy importante la asistencia domiciliaria. Fuimos los primeros en pedir en Madrid un programa de asistencia de forma que los ancianos tengan unas personas que les cuiden en sus casas, con cargo a los presupuestos regionales.

P. ¿Los realojamientos de chabolistas son el principal fracaso de las administraciones?

R. Tenemos dos fracasos en esto: que no hayamos cumplido los plazos marcados y que se estén produciendo nuevos asentamientos chabolístas después de que hayan sido realojadas buen número de familias. Frente a esa nueva demanda no está haciendo nada la Comunidad de Madrid. Es necesario un acuerdo de las distintas administraciones. Uno de los problemas es que sobre los

ciudadanos de Madrid operan tres administraciones con mal entendimiento entre ellas. El PSOE no coopera lealmente con el Ayuntamiento de Madrid. Y además Leguina no tiene un criterio reivindicativo respecto al Estado. Ha cambiado su comodidad interna en el PSOE a cambio de anular el carácter reivindicativo de la comunidad autónoma. Cuando Leguina entra en la Moncloa, no entra el presidente de Madrid, sino el militante del PSOE; y no va a ver al presidente del Gobierno, sino al secretario general de su partido. Y eso ha significado una marginación de Madrid en inversiones, infraestructuras, sanidad... Denunciando como denuncio la mala relación entre las administraciones, el perjuicio mayor no lo llevamos de la mano Comunidad y Ayuntamiento, sino la escasa presencia reivindicativa del gobierno regional.P. ¿Es usted partidario de los centros de atención a drogodependientes, los polémicos CAD?

R. Sí, por supuesto.

P. Pues el Ayuntamiento del PP no ha sido muy partidario, no ha abierto ninguno.

R. El Ayuntamiento ha intentado mantener una postura razonable, consistente en decir sí a los CAD y buscar la ubicación más adecuada [el fuerte rechazo de los vecinos rodeó de polémica a los que creó el PSOE]. Pero todos tenemos que dar un paso adelante, no sólo las administraciones. La sociedad está en deuda con los drogadictos, que en su inmensa mayoría son consecuencia de situaciones de injusticia que ha creado la propia sociedad. El drogadicto tiene que ser tratado como un enfermo, nunca como un delincuente. Y es evidente que en la rehabilitación tiene que haber un esfuerzo mayor de la sociedad que el que ha habido hasta ahora. No se resuelve ese problema únicamente con las administraciones públicas, es necesario que toda la sociedad dé un paso adelante en la solidaridad. Donde hay un campo inmenso es en la prevención. Hay que evitar que la próxima generación tenga una entrada en el mundo de la droga tan absolutamente irresponsable como la que ha tenido la generación actual de jóvenes. No se les ha advertido de la gravedad de la droga. Ha habido una generación de políticos que han bromeado sobre ese asunto y no se han dado cuenta de que han roto muchas barreras psicológicas que nosotros tenemos que volver a crear en nuestros jóvenes. Yo he propuesto crear en Madrid una agencia antidroga que unificaría la actuación de las tres administraciones públicas en este campo.

P. ¿Legalización de la droga?

R. Rotundamente, no. Es posible que eso acabase con uno de sus efectos: la quiebra del orden público (el drogadicto roba para pagar su dosis). Pero creo que las mafias encontrarían otro elemento prohibido para enriquecerse. Esa medida es profundamente egoísta, la más insolidaria que se ha propuesto nunca. Es una manera de decir: el que se quiera suicidar, que se suicide, lo que yo no quiero es que a mí me roben el bolso. La legalización a lo mejor acababa con eso, pero significa condenar a muerte a miles y miles de jóvenes, que se inician en la droga en momentos difíciles que todo el mundo puede tener en su vida. Si la droga estuviera al alcance de cualquiera, el número de drogadictos aumentaría muchísimo, y los estaríamos condenando a muerte.

P. ¿Cómo definiría la actuación política del presidente Leguina?

R. Sumisión respecto a la Administración central, celos respecto al Ayuntamiento y -la responsabilidad máxima- dependencia de IU. Se ha convertido en una marioneta de Izquierda Unida. Anunció un presupuesto restrictivo, pero IU le obligó a rectificar. Incluso Isabel Vilallonga (diputada de IU) le exigió que se bajase el sueldo y a los tres días, sumisa y dócilmente, aparecía Joaquín Leguina a decir que él se congelaba el sueldo. Con tal de permanecer en el poder, no ha dudado en entregar el poder. Creo que es una burla al electorado: el PP ganó las elecciones, pero el pacto PSOE-IU les dio el gobierno regional. Y resulta que gobierna el partido más minoritario de las minorías.

P. ¿Y los consejeros?

R. Algunos lo hacen bien, y hay otros que lo hacen rematadamente mal.

P. ¿Quiénes lo hacen bien?

R. Si los cito, les estaré condenando al cese.

P. Insisto.

R. Si insiste... La Consejería de Transportes es un fracaso. Sus consecuencias van a ser que no se haga el tren a San Sebastián de los Reyes, que no se hagan carreteras y suba el precio del autobús y el metro. Pero, por ejemplo, en la Consejería de Salud se ha hecho uno de los esfuerzos más importantes. Espero que esto no le cueste el puesto a Pedro Sabando.

P. El mismo día en que Aznar presentaba su programa para bajar los impuestos, el alcalde de Madrid los subía. ¿No es desmoralizante?

R. José María Álvarez del Manzano ha explicado que los impuestos de Madrid están técnicamente congelados, y no suben por encima del IPC. Se ha creado una falsa realidad. Madrid es la ciudad de toda España que tiene los tipos más bajos. Pagamos menos que si viviésemos en Barcelona o en Bilbao.

P. Pero Madrid tiene los valores catastrales más altos.

R. Y quién los fija? El Estado.

P. Bueno, el valor que fija el Estado y el tipo que le aplica luego el Ayuntamiento van a parar finalmente, los dos juntos, a las arcas municipales, ¿no?

R. Hemos hecho los tipos más bajos de todas las capitales de provincia. Ahí se demuestra que quien sube la presión fiscal no es el Ayuntamiento. Nosotros hemos solicitado la congelación de los valores catastrales. Mientras los impuestos municipales suban por debajo del IPC, insisto, creo que se puede hablar de congelación técnica. En cualquier caso, en Madrid se pagan menos impuestos que en Barcelona o cualquier otra ciudad.

P. ¿Está de acuerdo con Jordi Pujol en que se ceda a las autonomías un 15% del IRPF?

R. Sí. No puede ser que haya instituciones que gastan pero no recaudan. Las comunidades están empezando a aplicar políticas que no pueden ser consideradas de solidaridad: tiene que haber mecanismos de compensación para invertir en infraestructuras, en carreteras, pero no se puede aplicar luego ese dinero a una televisión autonómica, para que la paguen todos los españoles, o a la normalización lingüística. Es legítimo y razonable que los catalanes dediquen mucho dinero a la normalización, no lo critico, pero es de interés de esa comunidad autónoma y tiene que correr con cargo a sus presupuestos.

P. Un juzgado investiga el fraude del voto por correo cometido en sufragios gestionados por su partido. ¿Han hecho ustedes alguna investigación interna?

R. Sí, y todos los datos se aportaron al procedimiento judicial. Y salía todo conforme a la legalidad. Y es evidente que en ningún momento se quebró la voluntad del votante. Que no se cumplieran todos los trámites, puede ser. Que se anulen entonces esos votos. Pero no hubo quiebra de la voluntad del elector.

P. Pues entonces algunos electores han cometido falso testimonio.

R. Yo lo que digo es que no conozco a nadie en el PP que haya hecho semejante cosa. Intelectualmente me repugna esa posibilidad. Y si alguien lo hubiese hecho, el primero en censurarlo sería yo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 17 de octubre de 1992.