Una burla

LO MÁS piadoso que abe decir de la actuación que han tenido el Tribunal de Cuentas y su presidente, Adolfo Carretero, en la investigación del caso Filesa, relacionado con la presunta financiación irregular del PSOE, es que es una burla. Que, después de 15 meses de haber aceptado el encargo parlamentario de esclarecer las relaciones económicas y financieras del PSOE con las empresas sospechosas de sufragar irregularmente 1 una parte de sus gastos, el presidente de dicho tribunal se descuelgue con que no tiene competencias para llevar a cabo la investigación constituye una tomadura de pelo. Ante tan tardía explicación, el PP e IU han solicitado su dimisión. No es para menos.Pero es dudoso que quien no ha tenido sonrojo en acudir al Congreso para echar tierra, en la parte que le correspondía, a uno de los asuntos más turbios de presunta financiación irregular de partidos políticos vaya a sentirse aludido por tan razonable petición. Es más, a la luz de los acontecimientos presentes cobran sentido algunos del pasado: el anómalo aplazamiento durante meses, hasta diciembre de 1991, de la renovación estatutaria del Tribunal de Cuentas, así como la elección para un segundo mandato de su actual presidente. Es decir, cuando el tribunal, o, mejor, la mayoría formada por los seis consejeros designados a propuesta del PSOE, había dejado traslucir si¡ parecer exculpatorio en el caso Filesa. De esta forma se daba la vuelta al mensaje de transparencia total lanzado por Felipe González a raíz de estallar el escándalo. El Parlamento contribuyó en lo que pudo a la actual situación de opacidad del caso Filesa poniendo su investigación en manos de la inoperante Comisión del Estatuto del Diputado, que, como era previsible, no sacó nada en limpio. El Tribunal de Cuentas acaba de hacer ahora lo mismo.

Los argumentos dados por Adolfo Carretero para obviar de hecho la investigación contable de las relaciones del PSOE con el caso Filesa pueden ser de conveniencia, pero en modo alguno son convincentes. El presidente del tribunal ha dicho, en definitiva, que se actuó dentro de los límites de sus competencias, entre las cuales no cabe el examen de las cuentas de las empresas privadas. Pero esta interpretación restrictiva de las competencias de la institución que tiene encomendada la fiscalización de cuentas del Estado y del sector público, así como de las de los partidos políticos, no sólo es cuestionada por una parte de los consejeros que la integran. Llevada al límite en que lo ha sido en el caso Filesa, significa pura y simplemente poner en entredicho la utilidad del propio tribunal. Porque ¿para qué sirve un órgano fiscalizador que deja de serlo cuando se trata de aclarar las relaciones económicas entre los intereses privados y los públicos en la. actividad del Estado e incluso en la de los partidos políticos? Con mayor motivo cuando existen fundadas sospechas de que tal relación viola el marco legal establecido (Ley de Financiación de los Partidos Políticos) y que hasta puede ser delictiva. Lo coherente en estos supuestos es que prevalezca el objetivo de la transparencia de las cuentas sobre cualquier otro.

Actuar como lo ha hecho Adolfo Carretero en el caso Filesa no sólo implica un vaciamiento de las funciones constitucionales del Tribunal de Cuentas. Contribuye a dar. pábulo a sospechas sobre componendas que redundan en su desprestigio. Porque dicha actuación no sólo desmoraliza por el resultado dar por bueno lo que el PSOE ha querido, sin comprobar si lo era o no-, sino porque el pronunciamiento ha seguido milimétricamente la línea política divisoria de sus componentes: exculpatorio en el caso de los designados por el PSOE, incluido el presidente con su voto de calidad, y condenatorio en el caso de los designados por el PP. Que los partidos políticos representados en el Parlamento designen a los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas no debería fundamentar sospecha alguna de complacencia por parte de éstos en la fiscalización de las finanzas partidistas. Pero casos como el de Filesa muestran los riesgos reales de esta especie de endogamia institucional.