Horror en el pabellón número 9

La prisión de Sao Paulo, donde el viernes murieron al menos 111 reclusos a manos de la policía, fue abierta el lunes a familiares y periodistas. Los testigos comparan lo ocurrido con el holocausto nazi. El gobernador Antonio Fleury ha suspendido temporalmente del cargo al director de la prisión para eludir las críticas. El pabellón número 9, totalmente destruido, parece un campo de batalla.

Los presos de la Casa de Detención denunciaron en la tarde del lunes, al ser abiertas las puertas del centro a un grupo de periodistas y familiares, que la policía actuó sin contemplaciones, ejecutando en el acto a decenas de personas. El pabellón número nueve, en el que habitaban 2.000 presos, está destruido. Pese a la labor de maquillaje realizada antes de la entrada de los medios de comunicación, eran visibles numerosas manchas de sangre en el suelo. Las camas y las paredes aparecían agujereadas por los balazos. Parecía, según los testigos, un gran campo de batalla.Cuatro días después de la matanza, las autoridades todavía no saben cuántos murieron. El nuevo ministro de Justicia, Mauricio Correa, aseguró tener informaciones de que las víctimas son más de 200 y no 111 como sostiene el Gobierno provincial. El sacerdote Guilherme Sheehan, de la Pastoral Carcelaria de la archidiócesis de Sao Paulo, denunció ayer que según el recuento hecho por presos y funcionarios de la prisión el total de muertos llega a 246.

Por su parte, el procurador general de la república, Arístides Junqueira, pidió la intervención de las autoridades federales en las investigaciones en marcha. Junqueira atribuyó la tragedia "en parte" a la superpoblación de la cárcel de Sáo Paulo, construida para albergar 1.500 presos, pero que acoge a alrededor de 7.000.

Ayer, el arzobispo de Sáo Paulo, Paulo Evaristo Arns, y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron al gobernador provincial, Luiz Antonio Fleury, que apoye la instauración de una comisión parlamentaria para depurar las responsabilidades por la tragedia.

El gobernador separó de su cargo de forma temporal al director de la penitenciaría. y a cinco oficiales de la policía militarizada que participaron en la matanza del viernes, pero mantuvo al secretario de seguridad pública, Pedro Franco de Campos, a quien las organizaciones de derechos humanos responsabilizan de la matanza.

En la prisión, los reclusos exhiben trozos de tela negros desde las ventanas de las celdas y grandes carteles improvisados con sábanas para exigir justicia. Los familiares, que mantienen una angustiada vigilia ante la prisión, exigen que el Gobierno publique la lista de los supervivientes. Algunos vieron el nombre de sus parientes en la relación de 111 muertos divulgada por las autoridades, pero no hallaron sus cuerpos. "El cuerpo de mi hermano fue destruido. Además de los tiros, estaba desgarrado por los perros", sollozaba una mujer en el entierro.