La Comisión de Libertades, promoverá un recurso contra la ley de datos

La Comisión de Libertades e Informática (CLI) promoverá la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que será promulgada en los próximos días.

El ciudadano español podrá exigir a partir de ahora que un banco o cualquier otra empresa privada le muestre los datos personales que tiene sobre él, pero nada podrá hacer para acceder, por ejemplo, a los ficheros policiales y transformar su contenido si no es exacto.Esta práctica se deriva de la ley que concluyó la pasada semana los trámites parlamentarios, y ésta es la razón por la que la CLI, que agrupa a profesionales, jueces, sindicatos, asociaciones de derechos humanos y consumidores y usuarios, va a promover el recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo, grupos parlamentarios y órganos legislativos y ejecutivos de las comunidades autónomas.

Según la dirección colegiada de esta asociación, el Grupo Parlamentario Popular se halla en buena disposición, tras los primeros contactos mantenidos con este grupo, para presentar el recurso de inconstitucionalidad. El Grupo Popular fue, junto con el Grupo Mixto, el que presentó en el trámite de discusión parlamentaria un veto al proyecto de ley. Para la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de las fuerzas parlamentarias es necesaria la firma de al menos 50 diputados.

Los directivos de la CLI estiman que los artículos 20.3 y 22.1 de la ley son inconstitucionales, entre otras razones, porque permiten a las fuerzas de seguridad del Estado la recogida e informatización de datos personales de los llamados sensibles sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual de los ciudadanos, sin intervención judicial, fiscal ni de la Agencia de Protección de Datos (organismo creado por la ley para controlar la formación y el acceso a los ficheros).

Actuación ilimitada

"El artículo 20.3 deja una puerta abierta", han dicho los directivos de la CLI, Luis Otero, Antonio Farriols y Rafael Fernández Calvo, "a ilimitados espacios de autonomía de actuación para las administraciones públicas potencialmente contrarios a los derechos y libertades proclamados en el título primero de la Constitución".En opinión de los representantes de la CLI, la ley no cumple de forma global las expectativas que había despertado tras 14 años de espera, "si bien representa un avance respecto a la ya insoportable situación de alegalidad que ha propiciado abusos de todo tipo".

La ley tiene también aspectos positivos, a juicio de la CLI, como la posibilidad de acceso y de cancelación de los datos y la regulación de los ficheros en manos de empresas y entidades privadas. Los ciudadanos tendrán amplios derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como de consentimiento y de revocación de éste.

La CLI se propone, en esta línea, difundir entre los ciudadanos los derechos positivos que: les ofrece la ley y marcará unos criterios para que puedan ser recogidos en la aplicación del próximo Código Penal.