Destitución inevitable

EL GOBIERNO de la Generalitat destituyó ayer de su cargo al director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Jordi Planasdemunt, encarcelado bajo la acusación de estafa, falsedad y apropiación indebida. La reacción, casi una semana después de la detención de Planasdemunt, es políticamente tardía para un asunto grave, sobre todo porque afecta a un alto cargo en ejercicio de la Administración autónoma, y además ex consejero de Economía y Finanzas del propio Gobierno de Pujol (1982-1983).Conviene deslindar de entrada dos aspectos distintos de la cuestión: las responsabilidades penales y las políticas. En cuanto a las primeras, opera, como siempre, el principio de presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme en contrario. Es la justicia y nadie más que la justicia quien debe resolver sobre un presunto fraude que ha perjudicado a más de 200 inversionistas y cuyo monto supera probablemente los 4.000 millones de pesetas.

El juez ha decretado el secreto del sumario. Pero la contundencia de la medida arbitrada, el auto de prisión, contra Jordi Planasdemunt y sus socios de la financiera privada BFP indica que aquél considera serios algunos indicios de culpabilidad, posiblemente los contenidos en la denuncia que abrió el caso. Según ésta, los responsables de BFP captaron dinero de inversionistas privados que destinaron a préstamos a sociedades en dificultades financieras, y mediante una red de intermediarias hicieron circular pagarés -algunos falsificados- que a su vencimiento no se hicieron efectivos. Una acusación complementaria sostiene que BFP captó 1.500 millones de pesetas para la compra de deuda pública anotada, que en realidad jamás adquirió, y no devolvió el dinero.

Hasta aquí, un caso judicial, por desgracia bastante habitual. Con una particularidad: si bien el destino final de algunas partidas podría llegar a encontrar explicación en la cadena de suspensiones de pagos de las empresas intermediarias, ¿cómo puede entenderse, de ser cierta, la simple captación de 1.500 millones que debía colocarse en deuda y no se colocó? Más todavía: ¿cuál ha sido el destino final de esa cantidad? Ésta es la pregunta decisiva que posibilita toda suerte de hipótesis y para la que todavía no hay respuesta.

Más allá de las responsabilidades penales a las que hubiere lugar están las responsabilidades políticas. Planasdemunt fundó BFP con sus socios en 1984. La empresa inició la operativa de los polémicos pagarés en 1989. El ex consejero fue nombrado director del ICF en enero de 1990. Y aunque él aduce que vendió su paquete en BFP y renunció al cargo de consejero de la empresa justo en esa fecha, al ser nombrado para su nueva responsabilidad pública, la correspondiente escritura ante notario no se elevó hasta dos años después y no se registró hasta julio de 1992.

De manera que, incluso si hubiese renunciado antes de manera privada, parece poco discutible que Planasdemunt incurriera formalmente -y las formas y plazos son decisivos en estas cuestiones- en la incompatibilidad prevista en el artículo 23 de la ley de creación del ICF. En consecuencia, a los ojos de los clientes de BFP que acudiesen al registro, era el propio director del instituto oficial que garantiza financiación a determinadas empresas (otorgando avales solidarios de la Generalitat a créditos solicitados por compañías privadas) con quien estaban negociando los tipos de interés y los plazos de los pagarés de sus operaciones particulares. Incluso si él no intervino personalmente en la última fase del litigio privado -contra lo que sostiene algún acusador-, socios y ejecutivos podían exhibir su nombre y su doble cargo. Una mayor colusión entre negocios privados y públicas funciones -en actividades, además, gemelas- resulta dificil de imaginar.

Antes de estallar el escándalo, cuando el consejero de Economía, Macià Alavedra, le requirió a dimitir, Planasdemunt se negó en redondo, alegando que era inocente porque en la época del presunto fraude él ya no tenía responsabilidades en BFP, y que dimitir supondría autoinculparse en el escándalo que se acercaba. Tras algunas vacilaciones iniciales, y significativas, del propio Jordi Pujol, y con gran retraso, ha tenido que ser destituido. Más grave que estas vacilaciones, que este retraso y que esta continuada negativa a dimitir es la argumentación subyacente. Dimitir en estos casos de una responsabilidad política no sólo no equivale a reconocer delito en una actividad privada: es que resulta imprescindible para deslindar una esfera de otra, para aclarar las responsabilidades, para evitar que sea el símbolo de una institución, y no un ciudadano, el que acabe entre rejas. Las argumentaciones esgrimidas ponen los pelos de punta: si la cultura política de altos cargos de una Administración está tan a ras de suelo, habrá que preguntarse las razones. El Gobierno de la Generalitat debe explicarse.