El Ministerio de Justicia dictamina que Soler Padró puede registrar el consejo de La Seda

El consejo de administración presentado por el abogado Jacinto Soler Padró puede inscribirse en el Registro Mercantil de Barcelona, según un dictamen del Ministerio de Justicia emitido el pasado 21 de septiembre. La inminente inscripción del consejo que representa a Soler Padró puede terminar con la parálisis mercantil que sufre la empresa desde hace un año, cuando el mencionado abogado adquirió a la holandesa Akzo el 57,5% del capital de La Seda

El contencioso sobre los órganos de representación mercantil de La Seda estalló después de la celebración de una junta judicial de la empresa textil -celebrada el pasado mes de abril- en la que fue ratificado un consejo de administración presentado por el nuevo accionista mayoritario, Jacinto Soler Padró. Por un problema de forma en las papeletas de asistencia a la mencionada reunión de accionistas, el Registro Mercantil de Barcelona decidió no inscribir a los nuevos administradores y envió la documentación a la Dirección General del Ministerio de Justicia. Esta última instancia administrativa ha dictaminado ahora en favor de un recurso interpuesto por el abogado. "No podrá denegarse que es válida la celebración de la junta a la que asistió representada la mayoría absoluta del capital", señala el dictamen de Justicia,- al que ha tenido acceso EL PAÍS. La dirección general afirma en el dictamen que "procede estimar el recurso revocando el acuerdo y la nota del registrador".Paralelamente a este proceso, el juzgado de Barcelona instruye una demanda presentada por Akzo contra Soler Padró por incumplimiento del contrato de compraventa de La Seda, operación que se realizó al precio simbólico de una peseta. En aquel contrato, el abogado se comprometía a convertirse en accionista minoritario y a formalizar una oferta pública de adquisición (OPA); pero ambas condiciones fueron incumplidas, lo que además dio lugar a un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que declaró nula la venta.

Administrador judicial

La denuncia de Akzo contra Soler Padró se convirtió en el arma jurídica tras la cual la Administración (Generalitat) y los sindicatos (UGT y Comisiones) preparaban la salvación de La Seda, afectada por estos acontecimientos, por la crisis de la fibra textil y por una falta alarmante de liquidez. La estrategia jurídica de este bloque institucional (al que se unió de forma vacilante la Comunidad Autónoma de Madrid -La Seda tiene instalaciones en Alcalá de Henares- y, a distancia prudente, el propio Ministerio de Industria) era concluir la crisis cuando el juez nombrara un administrador judicial en la compañía.El Ministerio de Industria declaró después que no interferiría en un proceso judicial, y el secretario de Estado de Industria, Álvaro Espina, negó rotundamente cualquier vinculación a un intento de expropiación de La Seda.

Por su parte, el juzgado, en la última comparecencia, manifestó que no admitía la presencia de la Generalitat en el litigio, porque "no es parte en el mismo", según fuentes judiciales. El mismo instructor desestimó la posibilidad de que Soler Padró depositara de forma cautelar las acciones de La Seda, puesto que el Ministerio de Justicia autoriza la inscripción en el registro de un nuevo consejo.

Entre los argumentos de la Generalitat está la viabilidad de La Seda, "imposible sin el concurso de un socio internacional". La empresa Hualon, de Taiwan, efectuó el primer intento de comprar La Seda, pero chocó con la negativa de Soler Padró y con el difícil momento de la misma multinacional.