Planasdemunt y sus socios en BFP ingresan en prisión por el fraude de los pagarés

El Departamento de Economía de la Generalitat ha abierto expediente para destituir a Jordi Planasdemunt de su cargo de director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), después de que a las cinco de la madrugada de ayer el juez ordenara su ingreso en prisión a causa del presunto fraude efectuado por la empresa BFP, de la que es accionista. La junta de gobierno del instituto acordó manifestarse favorable a la destitución de Planasdemunt como director. Planasdemunt fue consejero de Economía de la Generalitat entre 1982 y 1983. El juez Lluís Pascual Estivill ordenó el ingreso en prisión de otras cuatro personas: Joan Basols y Salvador Forcadell, los otros dos socios de esa empresa; Margarita Corcoll, directiva de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, y Joan Ignasi Pujades, administrador de Dynamic.

El día anterior ya ingresó en prisión la esposa de Forcadell, Carmen Company, y hace 15 días lo hicieron los dos directivos de Anglo Naval e Industrial, SA (ANISA), Francisco Esteve Corbella y su hijo Francisco Esteve Head, contra quienes BFP había presentado una querella.El juez decretó la libertad sin fianza de los demás detenidos: Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell y yerno de Salvador Forcadell; Jaume Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales; Jordi Martí Ceballos, apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa. El miércoles ya había sido puesto en libertad el director de la sucursal del Banco Popular en la que BFT tenía cuenta. El juez dijo ayer que no levantará el secreto del sumario hasta el próximo viernes. Los acusados permanecerán en prisión como mínimo hasta ese día.

BFP Gestión y Asesoramiento Financiero fue fundada en 1984 por Basols, Forcadell y Planasdemunt (cuyas siglas dan nombre a la sociedad). A partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el dinero de inversores privadas -dinero negro, según afirman fuentes de la investigación-, que destinó a préstamos a sociedades en dificultades financieras (ANISA, Dynamic, Euromaquinaria, etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia reconocida, y le entregaron pagarés por el mismo valor, que distribuyó entre los inversores.

Cuando los inversores acudieron a retirar su capital y los altos intereses prometidos, BFP no pudo hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con unas facturas que no podían ser cobradas. Las empresas emisoras de esas facturas, además, habían presentado suspensión de pagos. El dinero presuntamente estafado supera los 4.000 millones de pesetas y los inversionistas superan en mucho los 200.

Repercusiones políticas

La oposición parlamentaria catalana ha criticado al consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, por no haber destituido a Planasdemunt nada más tener conocimiento de los hechos. Alavedra ha reconocido que antes del verano le llegaron noticias de las dificultades de la empresa BFP y que ya entonces pidió a Planasdemunt que dimitiera, a lo que éste se negó con el argumento de que sería tanto como reconocer su culpabilidad. Hace dos semanas el consejero insistió, con el mismo resultado. Iniciativa per Catalunya (IC) pidió ayer la dimisión de Alavedra por haber tolerado la incompatibilidad de Planasdemunt. El vicepresidente de IC, Joan Saura, pidió también que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, explique las contradicciones en sus declaraciones: pasó de defender la continuidad de Planasdemunt a pedirle la dimisión y aseguró que éste la había presentado, pero que no se le había aceptado.

Alavedra ha explicado que la dimisión era el camino más fácil, porque la destitución requiere abrir expediente administrativo, la votación cualificada de la junta de gobierno del ICF -que se produjo ayer mismo- y la sanción del Gobierno catalán.

Planasdemunt asegura que dimitió como consejero de BFP cuando, en enero de 1990, fue nombrado director del Instituto Catalán de Finanzas, pero la escritura notarial que recoge ese extremo está fechada el 26 de febrero de 1992, y legalmente es la fecha que cuenta. Forcadell sí puede demostrar que dimitió de forma temprana. La escritura de su dimisión está fechada en febrero de 1989.

Estos datos ponen en evidencia que, además, Planasdemunt incurrió en incompatibilidad como director del ICF. El problema es doble si se tiene en cuenta que el cargo de Planasdemunt es especialmente delicado: el instituto que dirige (creado en 1985) es el encargado de otorgar avales solidarios de la Generalitat a créditos solicitados por empresas privadas, una práctica que ha provocado a menudo grandes polémicas parlamentarias, sobre todo porque un organismo antecesor de este instituto, la CARIC, concedió avales a empresas en crisis vinculadas a prohombres de Convergència, que no devolvieron los créditos y la Generalitat tuvo que pagarlos.