Las empresas de Patrimonio deben cambiar los estatutos para privatizarse

La privatización masiva de empresas -parcial o total- de la Dirección General del Patrimonio del Estado que contempla el Ministerio de Economía obligará a las principales -Telefónica, Tabacalera, Trasmediterránea, Enausa- a modificar sus estatutos fundacionales. El proceso de privatización, para el que Patrimonio constituirá un holding, afectará también a sociedades como la Agencia Efe y los paradores nacionales, aunque el Estado pretende mantener el control y, en el caso de los paradores, se privatizaría alguno de ellos y no la sociedad como tal.

El nuevo holding tendrá que aprobarse en Consejo de Ministros y está previsto que el titular de Economía, Carlos Solchaga, lo proponga antes de fin de año. En cualquier caso, en la ley de Presupuestos se contemplará una disposición en la que se prevé la exención de gastos derivados del registro y notariales de la nueva sociedad. Asimismo, se establecerá la obligación de que la valoración la haga una sociedad independiente. El capital con el que nacerá será de 100 millones de pesetas, aunque, una vez incorporadas las empresas, los recursos propios superarán los 600.000 millones.El Estado, según los objetivos de Economía, mantendrá la totalidad del control sobre la nueva sociedad, aunque pondrá en marcha una masiva privatización de las empresas que la integren pasando, en muchos casos, a perderla mayoría de capital aunque mantenga el control en las principales empresas. Para la privatización se utilizarán todos los instrumentos existentes como la salida a bolsa, la venta directa de paquetes de acciones con carácter permanente o temporal (capital-riesgo) y la emisión de obligaciones convertibles.

Para poder llevar a cabo esas ventas las principales sociedades con las que cuenta Patrimonio tendrán que modificar sus estatutos. En el caso de Telefónica -en la que ya tiene menos del 50%- tiene que desaparecer la cláusula que impide una participación extranjera mayor al 25%. En Tabacalera y Cetarsa -compañía de tabaco en rama-, los estatutos exigen que la mayoría de capital sea nacional. Trasmediterránea no permite que haya capital extranjero, además de que la mayoría absoluta de la participación sea estatal, según la ley de Protección de la Marina Mercante. En la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa), los estatutos dicen que el capital debe ser exclusivamente estatal.

Nuevo 'holding'

Fuera del holding quedarán, además de Argentaria -que funciona como una corporación bancaria que puede llevar sus propios procesos de privatización aparte- las empresas instrumentales como el broker Improasa, las creadas para los acontecimientos del 92 (Holding Olímpico, Expo 92 y V Centenario), las participaciones que han revertido tras haber sido vendidas como Hytasa e Intelhorce, la Corporación Siderúrgica Integral, en la que tiene el 50%, Rumasa y la Sociedad Española para la Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa), antigua SGV.

La nueva andadura la tendrá que pilotar un nuevo director general de Patrimonio, ya que el pasado viernes cesó el. actual, Luis Alcaide, que pasa a integrarse en Telefónica Internacional como adjunto al presidente. Para sustituirle se barajan varios nombres, de los que han trascendido los de Rafael Muñoz, actual interventor general de la Seguridad Social, y el de Fernando Eguidazu, director general de Transacciones Exteriores. En cualquier caso, los dos han manifestado que no han recibido ninguna llamada al respecto. El nuevo director general, en cualquier caso, se centraría en las otras tareas de la Dirección General (adquisiciones públicas, alquileres de la Administración, los contratos del Estado...).