El rival electoral de Collor de Mello pide la confiscación de sus bienes

El Congreso y el poder judicial brasilefios siguen impertérritos el ritual constitucional para destituir al presidente Fernando Collor de Mello, mientras en la calle cientos de miles de personas exigen la renuncia del mandatario, acusado de corrupción. En Salvador, la capital de Bahía, el principal rival de Collor en las elecciones presidenciales de 1989, Luis Inacio Lula da Silva, propuso ante 50.000 personas la confiscación de los bienes del jefe del Estado.

Más de 300.000 personas, según cálculos de la policía, llenaron el martes las calles de Recife, la capital del Estado nororiental de Pernambuco, reclamando la salida de Collor "por las buenas o por las malas", según expresión del presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Jair Meneguelli.En Río de Janeiro, diversos partidos políticos, entidades civiles y el Ayuntamiento anuncian para mañana una gigantesca manifestación por la destitución o la renuncia de Collor.

El abogado defensor del mandatario, José Guilherme Vilela, presentó el martes ante la Cámara de Diputados un alegato de 60 páginas en el que pedía nuevas averiguaciones y declaraciones de testigos. El Gobierno buscaba así prolongar el trámite a fin de evitar que los diputados decidan el destino de Collor antes de las elecciones municipales del próximo 3 de octubre.

El presidente de la comisión especial que estudia el juicio político, el diputado oficialista Gastone Righi, se apoderó del documento y desapareció con él, tras prometer que sólo hoy volvería al Congreso. Sin embargo, la Mesa de la Cámara abortó la maniobra dilatoria, al legalizar una fotocopia de los documentos.

Con esto, y tras la decisión del Tribunal Supremo Federal, que se pronunció ayer sobre la forma de votación (pública y nominal), sólo falta que la Cámara realice cinco sesiones antes de decidir el juicio político, lo que debe ocurrir el próximo martes 29. A medida que se acortan los plazos y se acerca la hora decisiva, en filas opositoras cunde el temor de que no se alcancen los 336 votos necesarios para aprobar el juicio político. Diputados que hasta hace algunos días nutrían las filas de los indecisos, están aceptando los favores del Gobierno y se disponen a votar a favor de Collor.

Nuevas denuncias de corrupción surgen sin cesar, derribando colaboradores del Jefe del Estado. La Policía Federal recibió una denuncia de que la ex ministra de Economía, Zelia Cardoso de Mello, recibía un salario de 10.000 dólares mensuales del empresario Paulo César Farías.