La pena de cárcel por ultraje a las banderas puede aplicarse a la española y no a las autonómicas

Representantes de gobiernos y partidos autonómicos reaccionaron ayer con indignación o sorpresa ante dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional en las que se anulan tres párrafos del artículo 10 de la ley que protege el uso de la bandera nacional y de las autonómicas. El hecho de que la ley parcialmente declarada inconstitucional no tenga el carácter de orgánica es lo que ha motivado una discriminación temporal en el castigo contra los ultrajes a la bandera nacional y los cometidos con las enseñas autonómicas. La polémica amenaza con desatar una nueva guerra de las banderas.

En los antecedentes de una de las sentencias, la dictada el pasado día 18 de septiembre, la argumentación del fiscal general del Estado ha dado pie a la confusión al afirmarse textualmente: "Hay que desechar toda posibilidad de interpretar 'nación española' o 'Estado' en términos tales que abarquen las comunidades autónomas. Es cierto que éstas forman parte del Estado lato sensu ( ... ), pero de ahí no puede derivarse que la protección que expresamente se otorga a los emblemas de la Nación o del Estado se dispense también a los de las comunidades".Esta argumentación polémica queda netamente contrarrestada en los fundamentos de la sentencia cuando se establece que "resulta indudable, a la vista del artículo 2 de la Constitución que la misma ha instaura do un Estado complejo, en el que el ejercicio de las funciones estatales se encomienda tanto a las instituciones generales del Estado como a las comunidades autónomas ( ... )". Y se añade que "también son símbolos del Estado español las banderas y enseñas previstas en el artículo 4 de la Constitución y re conocidas en los Estatutos" de las autonomías.

Guerra absurda

El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Maciá Alavedra, ayer presidente en funciones de la Generalitat por el viaje a Estrasburgo (Francia) de Jordi Pujol, aseguró que la sentencia del Constitucional es un error, "ya que la bandera de las comunidades autónomas tiene que ser respetada". Asimismo, Alavedra calificó de nuevo error el hecho de que el fiscal general de Estado señalara que las comunidades autónomas no forman parte del Estado.Todas las formaciones políticas vascas consultadas coincidieron en calificar la sentencia de "desafortunada", informa Aitor Guenaga. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, afirmó que el Constitucional "parece intentar alimentar una absurda guerra de banderas que en Euskadi buscamos superar con tiento y que nos recuerda a aquella frase de aquel ministro de la Gobernación que dijo que para que ondeara la ikurriña habría que pasar por encima de su cadáver, y hoy la ikurriña ondea libremente". Anasagasti calificó la argumentación del alto tribunal de propia de la "época franquista" y remarcó que "hacen la distinción entre bandera y trozos" cuando "la ikurriña es tan digna de respeto como cualquier otra bandera".

Dirigentes de Eusko Alkartasuna (EA) calificaron la sentencia de "absurda, incorrecta y errónea". El PP y los socialistas vascos (PSE-PSOE) destacaron que la sentencia "podría generar una polémica innecesaria e inútil". Para Herri Batasuna, se trata de "una consecuencia lógica de la Constitución española, ya que no reconoce la realidad de Euskadi, y es una muestra más de que las comunidades autónomas son un mero apéndice del Estado".

El presidente del Gobierno canario, el socialista Jerónimo Saavedra, discrepó ayer de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que considera que las banderas autonómicas deben tener una "protección penal igual" a la nacional, informa Carmelo Martín. Según Saavedra, "los ciudadanos se identifican por igual con una y con otra, pues la Constitución ha dejado bien clara la diferencia entre regiones y autonomías, al diseñar un modelo de Estado próximo al federal".

El Gobierno autónomo de Andalucía, informa Juan Méndez, declinó pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida al ultraje a las banderas autonómicas. Por su parte, el secretario de información del Partido Andalucista, Francisco Vergara, anunció que presentará un iniciativa en el Parlamento nacional para modificar la redacción del artículo 123 del Código Penal.

Para el jefe del Gabinete de la Presidencia de Cantabria, José Ramón Saiz, "la sentencia mantiene el reconocimiento de que las banderas autonómicas son símbolos del Estado", informa Jesús Delgado.

En Valencia, el jefe del Gabinete de Presidencia de la Generalitat, el socialista Joaquim Puig, afirmó que hay una ley de símbolos de la Comunidad Valenciana que establece el tratamiento correcto de los mismos. El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Pedro Agramunt, señaló que "las banderas y enseñas deben estar protegidas teniendo en cuenta que la española ha de estar por encima de las demás".

El Gobierno balear, controlado por el Partido Popular en coalición con Unión Mallorquina, señaló que la sentencia "saca a relucir una laguna legislativa", informa Andreu Manresa. Para el Gobierno balear, el Tribunal Constitucional "no hace sino llamar la atención sobre la necesidad de cumplimentar el principio de reserva de ley orgánica mediante una ajustada interpretación restrictiva de la norma penal".