Filesa importaba condones japoneses y vendía rosarios en Suramérica
La empresa Filesa, implicada en la presunta financiación ilegal del PSOE, se dedicaba a "la Importación de preservativos de Japón y a la venta de rosarios en Suramérica", entre otras actividades, según la versión que el abogado de la acusación popular, Marcos García Montes, dio ayer de la declaración ante el Tribunal Supremo de Luis Olivero, uno de los principales implicados en el caso.La acusación popular ha ampliado la querella inicial del caso Filesa contra Aida Álvarez, excoordinadora de finanzas del PSOE y estrecha colaboradora de Alfonso Guerra. "Aida Álvarez aparece en el centro de todos los procedimientos judiciales sobre corrupción abiertos en Madrid y Sevilla", según Marcos García Montes, que en el mismo escrito de querella pide al Supremo que reclame a Sevilla las actuaciones del caso Ollero.
El texto de la querella se remite a informaciones periodísticas que recuerdan que Aida Álvarez ocupó el cargo de consejera delegada de la empresa Distribuidora Expres 2.020, empresa implicada en el pago del alquiler de la sede del PSOE de la calle de Gobelas, en Madrid.
Distribuidora Express facturó a Filesa 90 millones de pesetas en concepto de traspaso de locales utilizados por el PSOE. Las facturas (tres en total) fueron destruidas por el contable Carlos van Schowen cumpliendo órdenes del diputado socialista Carlos Navarro, según denunció Van Schowen tras destapar el escándalo. Fueron sustituidas por otras emitidas por la sociedad Tecnología Informática 2.020, empresa con la que también está relacionada Alda Álvarez, según la querella.
'Caso Ollero'
Dada su vinculación al caso Ollero, al aparecer como eventual destinataria de "una comisión del 2% o el 3%" en un manuscrito del intermediario Pedro Llach, la acusación ha pedido al Tribunal Supremo que reclame las actuaciones al Juzgado 17 de Sevilla.
Las investigaciones sobre el caso Filesa continuaron ayer en el Supremo con la declaración de Luis Oliveró, accionista fundador y titular del 40% de Malesa, empresa propietaria de Filesa y Time Export, y administrador único de las tres sociedades.
Según manifestó el abogado Marcos García Montes al término de la comparecencia, Oliveró declaró que Filesa subcontrató con otras empresas los informes de consultoría que le encargaron entidades bancarias y empresas públicas. García Montes no citó los nombres de las sociedades subcontratantes, pero dijo que estaban radicadas en Madrid y Sevilla. El elevado precio de los informes, que el abogado dijo no entender, se pagaba, según Olivero, no tanto por su "complejidad científica" sino por el "interés" de los mismos.
Oliveró, siempre según el mismo letrado, dijo haberse enterado de la doble contabilidad de Filesa después de conocerse el escándalo.
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