Un juzgado de Benidorm investiga las implicaciones del 'caso Juan Guerra' en la Comunidad Valenciana

El Juzgado de Instrucción número 5 de Benidorm (Alicante) ha comenzado a investigar las implicaciones del llamado caso Juan Guerra en las vecinas localidades de Alfàs del Pi y Altea, que aparecen en el expediente abierto en Sevilla por el juez Ángel Márquez. El expediente relativo a estas dos localidades ocupa 2.500 folios, que ya ha estudiado la titular del juzgado, Francisca Martínez, quien ha ordenado el inicio de las investigaciones.

Las posibles irregularidades en Alfàs del Pi consisten en el cambio de calificación de unos terrenos por parte del Ayuntamiento (dirigido por el PSOE), para la construcción de un complejo residencial. En 1989, la compañía noruega Solfort Spain, propietaria de un terreno en Alfàs del Pi, presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de permiso de obras para levantar una urbanización. Al tratarse de suelo sujeto a la calificación de "rústico", la Corporación presidida por el socialista Antonio Fuster denegó la licencia.

Poco después, Jaime Sánchez y Adolfo de Bernardos -industriales valencianos a los que se cree representantes de Guerra en la Comunidad Valenciana- realizaron una oferta de compra de los mencionados terrenos.

Los noruegos descartaron la venta y solicitaron de nuevo, sin éxito, licencia de construcción. Finalmente, la transacción se produjo, al parecer por 80 millones de pesetas, y poco después el Ayuntamiento de Alfàs recalificó los terrenos, que pasaron de ser "rústicos" a "suelo urbanizable programado", lo que posibilita construir si existe un plan parcial urbanístico.

De Bernardos y Sánchez -éste último asiduo visitante de Juan Guerra en su despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía- constituyeron Proima Alfaz. Una vez conseguida la recalificación, Proima Alfaz vendió los terrenos a Carmelo Estellés, SA, por más de 200 millones. Estellés fundó, tras conseguir licencia de obra, la empresa Solfylker, que construyó la urbanización, en parte ya habitada.