La Comunidad sabía que el almacén de bidones incendiado estaba en un asentanuento ilegal

El incendio que el pasado miércoles se produjo en la parcela ¡legal 117-A de la cañada real, en el límite entre los términos municipales de RivasVaciamadrid y Madrid, ha puesto de manifiesto la precaria situación de los numerosos asentamientos ¡legales que se extienden a lo largo de la cañada, una franja de 20 kilómetros desde Vicálvaro hasta Getafé. La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid reconoce que allí vive gente y que es una zona irepleta de almacenes, pero la único cine puede hacer es multar o denunciar a los intruisos. Mientras, el siniestro provocó una intensa columna de humo, cuyo "grado de toxicidad no se tia podido determinar" según el informe de la Policía Municipal de Madrid.

En la parcela de 4.500 metros cuadrados que se incendió el miércoles no existe ningún dato identificativo del particular o empresa propietaria. Igual sucede con los varios cientos de almacenes que hay en la cañada real, asentados sobre terrenos no urbanizables.La parcela incendiada por un rayo pertenece a Industrias El Elefante, radicada en la calle de San Bernardo, 130, en Ma drid, según los datos facilitados por el portavoz de los bombe ros municipales de Madrid, José María Pérez Soria. Según ha podido comprobar este periódico telefónicamente, no hay registrada ninguna empresa en ese domicilio, si bien un vecino reconoció que funcionaba en el cuarto piso. Tras numerosas llamadas, nadie cogió el teléfono.

"Conocer a los propietarios es lo que nos gustaría a nosotros", afirma Demetrio Peña, jefe de la sección de vías pecuarias de la Consejería de Economía de la Comunidad. "Porque en la cañada real se han hecho intrusiones y aparcelamientos como se ha querido". Incluos en una ocasión la Guardia Civil descubrió un zulo en el que se guardaba un alijo de droga.

Esta vía pecuaria es el antiguo paso de ganado que atraviesa Madrid, procedente de Toledo hacia Guadalajara, y es considerada un bien de dominio público, cuya administración fue transferida del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) a la Comunidad de Madrid por la Ley 22/ 74, y posee un reglamento propio de aplicación como es el Real Decreto 2.876/78.

Una zona que, a pesar de estar regulada y señalados sus lindes con mojones, no es respetada por nadie. "Sólo la Telefónica nos hace caso", afirma. Peña, quien calcula que son aproximadamente 2.000 las personas que viven o desarrollan todo tipo de actividades en los difereirites asentamientos, predominando el almacenamiento de neumáticos, criaderos de animales, almacenes de materiales radiactivos e incluso residencias.

Electricidad gratis

La luz necesaria para la actividad particular de cada parcela se engancha directamente de la red pública, y a pesar de que no hay infraestructura sanitaria, son numerosas las familias que viven en esta zona.

En muchas ocasiones, la jefatura de vías pecuarias ha puesto denuncias a los intrusos, obligándoles a pagar una multa y al abandono del lugar. "Si no las pagan, los denunciamos ante Haci.enda, y aunque las paguen, pocos son los que se van", afirma Peña.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, y en este caso la Junta de Distrito de Vallecas Villa, a la que pertenece la parcela de industrias El Elefante, tienen un escaso margen de acción, pues, según declara la jefa de asuntos generales de la Junta, Margarita Vila: "Cuando descubrimos una infracción en materia urbanística sólo podemos recabar datos y traspasarlos a la Gerencia de Urbanismo municipal".

El incendio que se produjo en el almacén ilegal de la cañada real pudo ser peligroso, ya que en ¿I se encontraban 17 coches desguazados y dos tractores, 100 bidones de acetileno y 100 de ácido clorhídrico, así como varios centenares más de bidones vacíos, pero con gases en su interior. La parcela está situadajusto enfrente de la entrada de la incineradora de residuos urbanos que el Ayuntamiento de Madrid está construyendo.

Algunos de los vecinos que se han instalado en la cañada real han querido regularizar sus establecimientos ilegales pagando rigurosamente la contribución territorial a los distintos ayuntamientos, y solicitando la legalidad de su situación, pero, según explica Demetrio Peña, "lo impide totalmente la ley para los asentamientos que se produjeron después de l974".