Autovía y atentado

LA MODIFICACIÓN del trazado de la autovía del Norte a su paso por Navarra, difícil de justificar en cualquier caso, hubiera requerido, como minimo, un consenso más amplio que el conseguido en su día por el proyecto oficial, ratificado el pasado mes de mayo por 41 de los 50 diputados forales. La propuesta de modificación no sólo carece de un apoyo comparable, sino que ni, siquiera cuenta con garantías de ser apro bada por la mayoría del Parlamento foral: por la divi sión existente al respecto en las filas del propio parti do gobernante en esa comunidad, Unión del Pueblo Navarro (UPN), y por la negativa de Eusko Alkarta suna (EA) de comprometerse por adelantado a res paldar la modificación planteada por el Ejecutivo que preside Juan Cruz Alli. En ausencia de ese compromiso, la aprobación del trazado alternativo dependía del voto de Herri Batasuna: demasiado para una formación como UPN, fusionada con el Partido Popular (PP) y que nació como reacción frente a la influencia del nacionalismo vasco en ese territorio. La decisión adoptada ayer por el Gobierno foral de no enviar el proyecto de modificación al Parlamento de Navarra y de ordenar la reanudación de las obras de acuerdo con el diseño oficial resultaba, por ello, obligada. En este asunto de la autovía, lo menos discutible es que la gente está más que harta, y que lo que quiere es que los políticos encuentren alguna solución que permita acabar de una vez la dichosa carretera. El presidente del Gobierno navarro, Juan Cruz Alli, se apoya en ese sentimiento para sostener la conveniencia de aceptar algunas modificaciones respecto al proyecto oficial, impugnado en su día por ETA alegando motivos ecológicos. Pero quienes, dentro y fuera de su partido, se oponen a ese planteamiento argumentan que ceder al chantaje de los violentos, por más que la modificación se disfrace de "mejora técnica" y se presente como iniciativa de las empresas constructoras, sólo serviría para desplazar la amenaza a cualquier otra obra pública socialmente polémica.Es un argumento difícilmente rebatible: la idea de que cediendo se quitan a ETA motivos para seguir matando, defendida en su día por el PNV, se ve contrapesada con la razonable sospecha de que regalando esa baza a los violentos se les proporcionan tantos pretextos para seguir interviniendo como conflictos sociales puedan surgir. De hecho, la cesión producida en Guipúzcoa provocó la extensión del chantaje al tramo navarro, hasta entonces no directamente amenazado: Lurraldea no tardó ni una semana en considerar que el acuerdo logrado demostraba "la rentabilidad práctica de su trabajo" (avalado por 160 atentados, con el balance de tres personas muertas y más de mil millones de pérdidas) y en emplazar a las fuerzas navarras a explicar por qué "en Guipúzcoa se puede cambiar el trazado, mientras que en Nafarroa se considera inadmisible la introducción de las mejoras que propone Lurraldea".

Arzalluz reconoció, meses después del acuerdo sobre Leizarán, que con ello se pretendía una distensión en las relaciones con HB y favorecer las posiciones de los sectores de ETA más proclives al abandono de las armas. Ayer mismo, horas'antes del atentado que acabó con la vida de dos guardias civiles en Oiartzun, el líder del PNV se había mostrado convencido de que si ETA no mataba -el anterior atentado se produjo a comienzos de junio- era por voluntad de los terroristas, no porque no pudieran hacerlo.

El doble asesinato de ayer ha venido a dar la razón a los portavoces del entorno de ETA que negaban la existencia de una tregua y últimamente multiplicaban sus advertencias de que "todos los frentes seguían abiertos". Pero si, pese a ello, fuera cierta la intuición de Arzalluz de que en ETA se está produciendo un debate interno en el que se plantea la hipótesis del abandono de las armas, no parece que la forma de ayudar a los sectores que eventualmente defiendan esa posición sea realizar concesiones como la pretendida respecto a la autovía, que sólo serviría para reforzar a quienes sostienen que nada resulta tan eficaz para sacar rentabilidad práctica como unas cuantas bombas destinadas a achantar a los políticos vacilantes.