30 cintas recogen diálogos telefónicos entre Ollero, Llach y Roa en el 'caso Ocisa'

Las cerca de 30 cintas magnetofónicas que recogen conversaciones entre Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, el industrial e intermediario Pedro Llach y el presidente de la constructora Ocisa, Jesús Roa, entre otros, constituyen una de las bases de la investigación judicial del caso Ollero. Tras el auto del Tribunal Supremo que anuló las escuchas telefónicas del caso Naseiro, que trajo consigo la absolución de los acusados, todas las partes afectadas por este nuevo escándalo prestan una atención primordial a la forma en que se hicieron los pinchazos.La juez Pilar Llorente, que instruye las diligencias del caso Ollero, se encontraba de permiso cuando la Policía Judicial de Sevilla solicitó la preceptiva autorización para intervenir los teléfonos de los presuntos implicados en el cobro ilegal de comisiones. En su ausencia, la autorización fue concedida por la titular del Juzgado de Instrucción número 9, Eloísa Gutiérrez, quien recientemente cobró cierta popularidad al citar a declarar al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, en relación con supuestos malos tratos a reclusos en la prisión Sevilla 2.

En medios judiciales de Sevilla se considera que la ausencia de Pilar Llorente, que recientemente ha sido madre, no obstaculizó en absoluto la investigación, ya que "de los 20 jueces de instrucción que hay aquí, al menos 16 estarían dispuestos a ir adelante con este caso".

Escrupuloso rigor

Fuentes próximas al Juzgado de Instrucción número 17, encargado de la investigación, aseguran sentirse "muy tranquilas" a este respecto, ya que "se han cumplido escrupulosamente todos los requisitos legales". Aunque evitan criticar al juez Manglano en el caso Naseiro recuerdan que éste mantuvo unas intervenciones telefónicas autorizadas para investigar un caso de drogas cuando se puso a perseguir una presunta corrupción. "Nada de eso ha ocurrido ahora", agregan.El secreto de las diligencias impide conocer los primeros pasos de la investigación, que tuvo su origen en la remisión al juez Márquez, el del caso Guerra, de un anónimo. No obstante, en círculos próximos al PSOE se arrojan dudas sobre la legalidad de las escuchas. "¿Cómo pueden pincharse teléfonos durante seis meses sin más base que un anónimo?", preguntan.

La actitud del PSOE ante este nuevo escándalo ha sido, cuanto menos, contradictoria. "Están muertos de miedo". La frase, pronunciada por un abogado próximo a las tesis socialistas, da una idea de la zozobra con que en el PSOE regional y en la propia Junta de Andalucía se vive el día a día del caso Ollero. Dice el citado abogado: "En un principio se creyó que eran tres chorizos al servicio de sus exclusivos intereses; luego entró el miedo al valorar que esos- granujas pudieron un día trabajar para el partido".