El Gobierno aplaza las grandes decisiones para septiembre

Las soluciones a los grandes problemas que aquejan a la economía y la sociedad española han quedado aparcadas hasta septiembre. El Gobierno no ha sido capaz de dar respuesta a los principales desafíos surgidos en los últimos meses como consecuencia del deterioro de la situación económica. Para septiembre quedan la elaboración de las grandes cifras del presupuesto, el diálogo social y las reformas estructurales previstas en el plan de convergencia, como la liberalización del mercado laboral, la reforma del Inem y de los colegios profesionales.

Otras decisiones económicas que esperarán son la privatización de las empresas públicas, la constitución. del Consejo Económico y Social y el estatuto de autonomía del Banco de España.A este rosario de temas pendientes hay que añadir la decisión adoptada ayer por el Gobierno de posponer la aprobación del proyecto de nuevo Código Penal y su remisión a las Cortes. En la reunión del Consejo de Ministros de ayer ni siquiera se inició la discusión de los aspectos más polémicos de este texto, como son la ampliación del aborto y la modificación de la regulación del delito de difamación y demás delitos de opinión.

Entre los grandes proyectos de ley, anunciados reiteradamente y pendientes de enviar a las Cortes, destacan la reforma del Código Penal y la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Gobierno se ha comprometido a aprobarlos al regreso de las vacaciones veraniegas. Junto a ellos cabe destacar el Plan Hidrológico Nacional, previsto para su aprobación el próximo noviembre.

Otro de los retos del Gabinete al inicio del próximo curso político es la puesta en marcha de la ley de transferencias a las comunidades que accedieron a la autonomía por la llamada vía lenta. Aprobada por el Consejo de Ministros hace 15 días, se votará en las Cortes en cuanto se inaugure el curso parlamentario. La reforma del Senado, sin embargo, queda aplazada de forma indefinida por el desacuerdo de los partidos, particularmente de los nacionalistas, para hacer de la Cámara alta una Cámara de las autonomías. Páginas 9 y 11