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El Congreso levantará el secreto sobre las actividades económicas de los diputados

Anabel Díez

Las actividades económicas de los diputados figurarán públicamente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) al principio de cada legislatura y deberán ser actualizadas cada año. Esta es la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista, que ha preparado una enmienda en ese sentido a la proposición de ley de reforma del reglamento del Congreso. Hasta ahora dicha declaración figuraba en un Registro de Intereses, pero sin carácter público.

Las enmiendas elaboradas por el grupo socialista, que todavía no tienen carácter oficial, desprenden una filosofía tendente a controlar al máximo el sistema de incompatibilidades y, sobre todo, a fiscalizar la procedencia de los ingresos que puedan recibir los diputados por actividades ajenas a la Cámara.En ningún caso podrán tener remuneración por trabajos que tengan relación con cualquier Administración o empresa pública. La Comisión del Estatuto del Diputado tendrá que autorizar caso por caso toda actividad económica de los parlamentarios dado que el principio general es el de que todo es incompatible.

En el borrador de reforma del reglamento ya figura este sistema de incompatibilidades, que no hace sino trasladar las modificaciones que se produjeron en la Ley Orgánica Electoral General en la que se fijó un férreo sistema de incompatibilidades. Esta modificación también fue a iniciativa del grupo socialista después de que aparecieran denuncias relacionadas con la financiación de los partidos políticos. En un primer momento la oposición reaccionó en contra al entender que los abusos de tipo económico difícilmente podían cometerlos los diputados. La oposición ponía el acento en los altos cargos y representantes de las Administraciones como objeto de atención.

Lo cierto es que los socialistas además del primer texto de reforma del reglamento, pactado con algunos grupos, pretenden establecer un mayor control de los parlamentarios a través de nuevas enmiendas. En la reforma figura que los diputados están obligados a realizar dos tipos de declaraciones: de actividades y de bienes patrimoniales. Ambas figurarán en el llamado Registro de Intereses. El grupo socialista ha creado un nuevo apartado con el siguiente texto: "El Congreso, al inicio de cada legislatura y al comienzo de cada año natural, publicará de oficio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la relación actualizada de diputados así como de sus actividades declaradas compatibles".

Asimismo, añaden otro nuevo apartado por el que se obliga a dar cuenta de la adquisición de acciones o participaciones en sociedades mercantiles. La Comisión del Estatuto del Diputado será la encargada de dictaminar si son compatibles o no las actividades y la procedencia de los bienes.

Los socialistas han elaborado otra enmienda para dar más poder a la Comisión del Estatuto del Diputado: la comisión podrá investigar las omisiones en las declaraciones de actividades de los diputados si es que tiene la sospecha de que se han producido omisiones.

Los escollos del acuerdo

La proposición de reforma del reglamento del Congreso ha contado con el consenso inicial del PSOE, CiU, PNV, CDS y algunos partidos del Grupo Mixto y con la oposición del Partido Popular y de Izquierda Unida. Esta proposición se encuentra formalmente en periodo de presentación de enmiendas por lo que todos los grupos tienen tiempo hasta septiembre para cambiar algunos apartados. El PP e IU no quisieron firmar esta proposición ante el escollo eterno de la creación de comisiones de investigación.Estos dos grupos han chocado con la oposición frontal del PSOE en su intento de rebajar el número de diputados necesario para autorizar la creación de dichas comisiones. Así, el articulo 58 del futuro reglamento ha quedado como estaba: "El pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público". La novedad respecto a las comisiones es que éstas podrán ser "de investigación o de estudio".

Asimismo, en la futura reforma queda claro que los secretos de Estado no podrán ser objeto de investigaciones. "Las materias clasificadas de acuerdo con la legislación sobre secretos oficiales no serán objeto de investigación", señala el apartado 5 del artículo 58.

La pasada, semana el Grupo Popular hizo un nuevo intento de consensuar el reglamento, pero resultó fallido. Se hizo a través del portavoz del grupo popular, Rodrigo Rato, en una reunión con el presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval. De nuevo, las dificultades para formar una comisión de investigación fue el motivo de la falta de acuerdo. Este no fue el único obstáculo, ya que el portavoz popular también se quejó de la forma en la que se regulará la comparecencia semanal del presidente del Gobierno en la Cámara. En principio, éste responderá a tres preguntas semanales en el turno que existe para ello y que sumará un total de 15 minutos. La pretensión del Grupo Popular fue la de que no se limitara el número de preguntas.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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