La fiscalía de Madrid no recurre y apoya el fallo que anulo un registro de la 'ley Corcuera'

La fiscalía provincial de Madrid anunció ayer que no recurrirá la reciente sentencia que anuló un registro practicado por la policía en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y que pedirá a los fiscales que la tengan en cuenta y sigan sus criterios en casos sucesivos. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, máximo valedor de la ley que popularmente se conoce con su apellido, considera el fallo, por el contrario, "un reforzamiento del instrumento legal". Corcuera se felicitó ayer porque gracias al registro, según dijo, hay 50 gramos de heroína menos en el mercado, pero no comentó el hecho de que el presunto delito haya quedado impune, al haber sido anuladas las actuaciones policiales por los jueces.

El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, señaló que dará instrucciones tanto a los fiscales como a la Policía Judicial para que tengan en cuenta y sigan en la práctica el criterio judicial fijado en el fallo sobre la ley Corcuera, informa Efe. La fiscalía no recurrirá la sentencia, agregó, porque "nos parece buena, es de un valor pedagógico importante y compartimos su criterio".Fernández Bermejo reafirmó el criterio judicial de que si hay sospecha de que un individuo al que se le incauta droga en la calle también la tiene en su domicilio, se debe pedir un mandamiento de registro al juez. Este fue el caso juzgado por la Audiencia de Madrid, que absolvió a dos ciudadanos de Guinea Ecuatorial en relación con 50,2 gramos de heroína encontrados en su domicilio.

El tribunal consideró nulo el registro, al no haber solicitado la policía previamente la orden judicial y estimar los jueces que se podía haber pedido el mandamiento de entrada sin pérdida de eficacia. El fallo desestimó la petición fiscal de cinco años de prisión para cada uno de los acusados y ordenó incluso la devolución a los presuntos traficantes de la balanza de precisión y las 106.000 pesetas incautadas en la vivienda.

Uno de los dos juzgados, Ansumane Sumare, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión, pero sólo por la posesión de la heroína que se encontró en su poder en la calle. Ya el juez instructor de la causa, Ramón Sáez Valcárcel, había advertido en el auto de conclusión del sumarlo que consideraba "difícil tomar como prueba el registro del piso. A su vez, el fiscal, Carlos Fidalgo, reconoció durante la vista oral, el pasado día 20, que la "la policía hace muy poco uso" de la ley "porque no le plantea más que problemas".

José Luis Corcuera declaró ayer en Mérida (Badajoz), donde acudió en visita oficial para colocar la primera piedra de la academia de la Guardia Civil de Tráfico, que el fallo de los jueces no se pronuncia contra la ley sino contra un caso concreto de aplicación de la misma.

Respeto de Corcuera

"Respeto la sentencia", dijo Corcuera, según informa Europa Press, "y me felicito porque los 50 gramos de heroína incautados han desaparecido del mercado". El ministro no hizo ninguna referencia a la impunidad con que se ha saldado la posesión de la droga al haber aplicado la policía la Ley de Seguridad Ciudadana en vez de solicitar al juez de guardia una orden de registro.

El fiscal jefe de Madrid adelantó también que se reunirá con los mandos de la Policía Judicial para "darles instrucciones" y que "en casos como éste no se aplique el artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana". El artículo, uno de los más polémicos en el trámite parlamentario y que se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional, abre la posibilidad de registros domiciliarios por la policía sin orden judicial en casos de narcotráfico.

Fernández Bermejo precisó que se va redactar y distribuir "una instrucción para la Policía Judicial, en la que se dejará claro que en casos como el que plantea la sentencia, no debe actuar en entrada y registro de domicilio sin mandamiento judicial".

"Si hay temas pendientes en los que se plantee la misma problemática, que actúen de la misma forma", señaló Fernández Bermejo, "con lo que la fiscalía adecuará su actuación a la doctrina de esta sentencia, que nos parece bien".

Por su parte, el magistrado titular del juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, cree que la ley Corcuera supone un retroceso considerable en el desarrollo del sistema constitucional, "probablemente el mayor que se ha producido desde la entrada en vigor" de la Carta Magna.

Garzón mantiene en un texto publicado en la revista Claves de razón práctica que el artículo 21 de la ley establece "una nueva definición de flagrancia" y modifica "el texto constitucional de forma subrepticia, a través de una norma de categoría inferior y prescindiendo del procedimiento de reforma constitucional, único viable para conseguir tal finalidad".

[El Tribunal Supremo considera que escuchar casualmente una conversación telefónica por un cruce de líneas y comunicar su contenido a otros es un acto indiscreto y maledicente" pero no delictivo, según una sentencia conocida ayer].