Domicanos y peruanos, a la cabeza

La orden ministerial del 28 de febrero de 1989 establece que los extranjeros sólo pueden entrar en España si portan 5.000 pesetas por cada día que pretendan permanecer en nuestro país. También tienen que mostrar el billete de regreso a su país, "nominativo, intransferible y cerrado", según las normas de Interior. Éstas estipulan que el visitante podrá ser rechazado si al policía de turno le "resultara evidente de cualquier manera" que no cumple tales requisitos."Desde hace algunos meses", afirma un embajador que no quiere ser citado, "la situación se ha endurecido mucho y las autoridades españolas, muestran una clara actitud de xenofobia. Parece que creen que todos los iberoamericanos somos sospechosos de ser delincuentes". Un portavoz de Interior niega las acusaciones y asegura que únicamente se aplica la ley para evitar la entrada de personas que no cumplen los requisitos.

Hay muchos que no traen consigo el dinero exigido por Interior porque su intención es alojarse en casa de algún familiar o un amigo. "La policía es inflexible: no matiza las normas y no cede ante las explicaciones del interesado, que inmediatamente es devuelto a su país si los familiares no se movilizan pronto y piden ayuda al consulado o a un abogado", afirma un diplomático sin ocultar su enfado.

Los representantes diplomáticos consultados coinciden en que los agentes del control del aeropuerto de Madrid-Barajas actúan de forma "arbitraria", guiándose en muchos casos por la simple apariencia física del iberoamericano. Las situaciones más graves suelen sufrirlas los colombianos "porque llevan en cima el estigma de que todos son narcotraficantes", dicen.

Excesivo rigor

El informe presentado el pasado mes de abril por el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, afirma: "La discrecionalidad y el excesivo rigor en la aplicación de la normativa ocasiona que las negativas de entrada se adopten casi de forma automática, sin una investigación mínima". Como consecuencia de eso, los afectados "permanecen en algunas ocasiones más de 72 horas en el aeropuerto, en unas condiciones inadecuadas para, finalmente, ser devueltos a sus países de origen", añade Gil-Robles.

Juan Pablo Lohlé, embajador de Argentina, que se siente "preocupado" por el asunto, declara dolorido: "El afecto y la cordialidad del pueblo español comienzan a partir de la salida de Barajas. Desgraciadamente, no antes. No entendemos por qué se utilizan mecanismos arbitrarios de control, que generan malestar entre nuestros conciudadanos. Estamos esperando a saber quién tiene la respuesta a este interrogante".

El embajador ecuatoriano Alfredo Valdivieso, decano del cuerpo diplomático latinoamericano, recuerda que en otros tiempo América dio fraternal acogida a miles de españoles que huían del hambre o de la dictadura. Valdivieso ha pedido a su Ministerio de Asuntos Exteriores que informe a los ecuatorianos que pretenden viajar a España de las dificultades con que van a tropezar. "Ante esta situación yo soy partidario de que España nos imponga la obligación del visado. Aunque eso sea tan duro como si uno tuviera que pedir permiso para entrar en casa de tu propia madre, como dijo en una ocasión el escritor Gabriel García Márquez".

Los dominicanos ya saben que, a fines del presente año, como consecuencia de los acuerdos de Schengen, tendrán que venir a nuestro país provistos de visado. Sus representantes consulares aceptan esta traba, convencidos de que eso redundará en beneficio de sus ciudadanos: "El que venga, sabrá que no va tener problemas para entrar. Y no como ahora, que creen que llegan a la madre patria y... luego no es así", dicen.

Todos los diplomáticos consultados por EL PAÍS son unánimes al opinar que el 90% de los iberoamericanos no son delincuentes, sino personas desinformadas, con escasos recursos, que pretenden alojarse en casas de familiares. "Los traficantes de droga burlan los controles fronterizos sin problemas, debido a que su organización les facilita la documentación y el dinero necesario", comenta un cónsul.

Los iberoamericanos se quejan de que tienen dificultades para contactar con sus consulados o para pedir la asistencia de un abogado. El Defensor del Pueblo pide que los agentes hagan "una investigación concreta sobre cada persona que pretende entrar en territorio nacional ( ... ) sin que se adopten otros parámetros generales, como pueden ser el lugar de procedencia de la persona o la nacionalidad".

Las quejas se hacen extensivas a la "sala de tránsito", que carece de camas, duchas y teléfono, donde los rechazados permanecen varios días antes de ser de vueltos a su lugar de origen. El

Defensor del Pueblo comprobé en Barajas que tienen que dormir en una cinta transportadora de equipajes".

Los afectados no dudan en atribuir a España una "actitud de xenofobia", que se manifiesta también en las dificultades que se les imponen para poder convalidar sus títulos de médico, odontólogo, arquitecto, etcétera. Algunos profesionales ecuatorianos que han tenido que recurrir a los tribunales para conseguir el reconocimiento de la capacitación académica obtenida en su país de origen.