El PSOE defiende que los autobuses periféficos sigan en la EMT
El grupo municipal socialista y las centrales sindicales UGT y CC 00 se declararon ayer en contra de la intención del gobierno municipal del Partido Popular de reintegrar las líneas periféricas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a sus antiguos concesionarios. Estos han pedido al Ayuntamiento que cumpla una sentencia que declara nula la municipalización de las antiguas camionetas, realizada en 1980.El concejal socialista Eugenio Morales recordó ayer que la absorción de las camionetas por la EMT "fue saludada con alborozo por los vecinos de la periferia, que hasta entonces habían soportado viajes en condiciones tercermundistas". Morales espera del Partido Popular "que defienda la integridad del conjunto de las líneas de la EMT y los intereses de los usuarios".
La sentencia del Tribunal Supremo de 1988, que confirma una de 1984 de la Audiencia Territorial, insta al Ayuntamiento a que repita el proceso de municipalización realizado en 1980, que se declaró nulo por varias incorrecciones (ver EL PAIS del 14 de julio).
El fallo insta a iniciar de nuevo el proceso y, mientras tanto, a devolver las líneas periféricas a sus antiguos concesionarios. Morales entiende que la sentencia permite sacar las líneas a concurso, pero no obliga a devolverlas a sus concesionarios.
El equipo de gobierno del PP, que dará cuenta de la decisión judicial en el próximo pleno, está estudiando la manera de llevar a la práctica la sentencia. El PP está dispuesto a no repetir el proceso de municipalización aunque reconoce que es complicado encontrar una fórmula que permita al Ayuntamiento obtener contrapartidas económicas de la cesión, explicaron fuentes del gobierno municipal. El PP también está estudiando si puede convocar un concurso, ya sea público o restringido entre las antiguas concesionarias.
Apropiación indebida
El primer teniente de alcalde, Luis María Huete, comentó ayer: "Una vez más, la sentencia condena al Ayuntamiento por cosas mal hechas durante el gobierno del PSOE". Huete explicó que esta decisión judicial "obliga a hacer bien lo que entonces se hizo mal, a devolver lo indebidamente apropiado".
Comisiones Obreras manifestó su oposición a la privatización porque ello repercutiría en un peor servicio a los "barrios obreros periféricos, con incremento de tarifas y subvenciones a empresarios privados". La UGT comentó que "espera que el equipo de gobierno del PP sepa evitar a tiempo la imprevisible tensión social y laboral que traería consigo cualquier intento privatizador".
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