La telaraña informativa

Arropada por la Ley de Seguridad Ciudadana y envuelta en los paños informativos que proporciona la actualidad, apenas ha suscitado, la reacción de grupos aislados que pugnan por llamar la atención de los ciudadanos y de los poderes públicos sobre los peligros de las redes informáticas.Puede resultar excesivamente dramático abordar la incidencia de las nuevas tecnologías en la vida y las libertades, llamando la atención sobre los peligros de su monopolización al servicio del interés político y económico.

Una afirmación tan rotunda como genérica puede ser tachada de maximalista. Todos nos hemos acostumbrado a una convivencia natural y pacífica con la abundante quincallería informática. Estos fascinantes cacharros anulan la fuerza de los mensajes pesimistas, convirtiéndolos en proclamas inoperantes o alarmismos de dudoso fundamento.

Sin entrar en más reflexiones, lo cierto es que el dominio de la tecnología informática permite a los poderes políticos y a los grupos financieros e industriales tener acceso a un caudal informativo, -teóricamente ilimitado- que desplaza los tradicionales centros de poder político.

La informática aporta a la sociedad un instrumento insustituible para recoger, almacenar, clasificar, racionalizar y proporcionar datos e informaciones útiles y necesarias para la gestión, tanto del sector público como del privado.

El ordenador puede limitarse a proporcionar los datos registrados con arreglo a las necesidades de su titular, pero, al mismo tiempo, está en disposición de transmitir todo el caudal informativo a todos aquellos a los que pueda interesar o convenir para sus fines. Los actuales sistemas de telecomunicación proporcionan el vehículo adecuado para difundir el contenido de una memoria magnética.

La aparición y desarrollo de la microelectrónica ofrece, por último, unas posibilidades de diseminación y vulgarización de los sistemas de ordenación y registro de datos que permiten su oferta a bajo costo. Por otro lado, la creciente multiplicación de los vídeo terminales permitirá a muchos particulares acceso directo a determinados bancos y centros de documentación.

No obstante ' el costo que supone la creación de un sistema informatizado de datos no permite que todos los sectores sociales tengan la posibilidad de explotarlos, y sólo los grandes núcleos de poder económico y los organismos de la Administración del Estado pueden utilizar bancos de datos y sistemas informatizados que contengan información sobre gran número de ciudadanos.

La tecnología se convierte así en un instrumento al servicio del poder. La tecnología es poder o, si se prefiere, sirve al poder dotándole de unas posibilidades de información insospechadas. El control de los centros de poder económico y político, unido a las posibilidades de la maquinaria informática, sitúa al poder, en unas cotas de predominio nunca alcanzadas en la historia. La técnica, como todo medio instrumental, puede ser puesta al servicio de una idea o de un sistema político determinado.

Libertades en juego

A los ciudadanos corresponde desarrollar y perfeccionar la tecnología; a los políticos decidir y escoger entre sus posibilidades alternativas. Los científicos nos marcarán, en cada fase de su investigación, los límites de sus posibilidades técnicas, pero el político nunca puede dejarse llevar por la aparente neutralidad de los avances científicos. Con su aplicación, se pone en juego el futuro de la sociedad y los derechos y libertades de los ciudadanos.

Conscientes de este riesgo para los propios fundamentos del sistema democrático, las sociedades más estables y sensibilizadas han tratado de reaccionar abordando todos los aspectos -positivos y negativos- que se desprenden de la utilización de bancos de datos informatizados.

El proyecto de la ley española viene a llenar un vacío, pero su redacción actual suscita reparos. La clave de cualquier sistema de protección radica en la posibilidad de controlar, de manera efectiva, los bancos de datos en poder de las administraciones públicas y de los grandes núcleos del poder financiero. Esperemos que a lo largo del debate, el órgano de fiscalización y protección -agencia de datos- cobre nuevas competencias y mayor autonomía.

es magistrado del Tribunal Supremo.