Una marroquí, en riesgo de abortar tras un altercado entre inmigrantes
Latifa E. K., una marroquí de 28 años, embarazada de seis meses, ingresó el martes en La Paz con una amenaza de aborto tras un altercado ocurrido durante el fin de semana en el poblado chabolista de Peñagrande. Las circunstancias del suceso no están todavía aclaradas, pero ayer fueron detenidos tres habitantes de este asentamiento de 800 inmigrantes marroquíes. Al cierre de esta edición Latifa seguía hospitalizada.El marido de la joven, Mustafá Ch., de 34 años, asegura que la amenaza de aborto fue ocasionada por los golpes que le propinaron varios vecinos de las chabolas adyacentes. La pareja denunció el sábado en la comisaría de Moncloa que estos vecinos les habían agredido con palos y una navaja y que, como consecuencia de ello, la mujer había tenido que ser hospitalizada. Fue dada de alta pero en la noche del martes, volvió a encontrarse mal y una patrulla de la policía municipal tuvo que trasladarla a La Paz.
Mustafá Ch., culpa de todo a una vecina de la chabola contigua y a sus familiares y amigos. Por su parte, esta vecina, Fátima Z., y sus conocidos aseguran que "es él quien bebe, la pega y organiza líos". El marido, minusválido, tiene heridos los dos brazos desde los incidentes del fin de semana. "Por las agresiones", afirma él. "Porque se cayó", dicen los otros.
En el fondo de este conflicto, con un hondo calado en el poblado chabolista, hay un problema de protagonismo entre dos entidades: el Centro Social San Rafael y la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME). El Centro Social San Rafael, una asociación sin ánimo de lucro encabezada por una religiosa y formada por un rupo de moradores de los chalets de la zona, apoyó a Mustafá como uno de los responsables del asentamiento.
ATIME, asociación cercana a UGT, intenta aumentar su presencia en el campamento y en su empeño choca con el Centro Social San Rafael. Entre sus simpatizantes figuran los vecinos de la joven agredida.
El Centro Social San Rafael envió una carta a ATIME, ante las reiteradas visitas de miembros de esta asociación a las infraviviendas. En ella exponía: "es nuestro deber colaborar con otras entidades pero en ningún caso admitir interferencias de cualquier tipo que puedan retrasar o poner en peligro la realización de los objetivos que nos hemos marcado".
ATIME acusa a los del Centro de "querer controlar el poblado". Estos replican que "ATIME está más interesada en hacer política que tarea social".
