La elección de Martínez Zato aviva la tensión con Justicia

El conflicto entre el Consejo Fiscal y el Gobierno, que desencadenó la sustitución de Leopoldo Torres por Eligio Hernández como fiscal general del Estado, se reavivó ayer. La causa fue el nombramiento de Juan José Martínez Zato como jefe de la inspección, realizado por el Gobierno, a propuesta de Hernández, y en contra del criterio del órgano asesor del fiscal general, que avaló para ese cargo a Juan Martín Casallo. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y conservadora, pidió la dimisión de Hernández.Carlos Jiménez Villarejo, uno de los tres consejeros a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y Eduardo Torres Dulce, uno de los seis propuestos por la AF, hicieron una evaluación muy crítica de la propuesta realizada por Hernández en favor de Martínez Zato. Mientras, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, manifestó ayer que el Ejecutivo "asume sus costes, como lo hizo con la designación de Hernández".

El Consejo de Ministros nombró también teniente fiscal del Supremo, número dos de la fiscalía, a Francisco Hernández Gil y fiscal antidroga a Enrique Abad -ambos en coincidencia con las propuestas del órgano asesor del fiscal general- y a Martín Casallo jefe de la secretaría general técnica. El Consejo Fiscal calificó de "grave y preocupante" que Hernández no comunicara esta última propuesta, como es preceptivo.

Jiménez Villarejo y Torres Dulce reconocieron que, a pesar de todo, van a seguir dialogando para intentar resolver todos los problemas, ya que "el destinatario final no son los miembros del Consejo Fiscal, sino los ciudadanos". Aseguraron que, de momento, no van a solicitar la dimisión del fiscal general del Estado.

En cambio, la AF pidió ayer tal dimisión, tras calificar de "recalcitrante" la actitud de Hernández, que "no propone, tras oír al Consejo Fiscal, como quiere la ley, sino que propone al Gobierno tras oír al Ministerio [de Justicia] y, desoír al Consejo, como no quiere la ley". A título personal, Ladislao Roig, presidente de la UPF, declaró que la contrapropuesta de Hernández "es legal", pero "debía haberla discutido con el Consejo Fiscal".