El juez Angel Márquez firmó ayer el auto de apertura de vista oral contra Juan Guerra

El primer juicio por el caso Juan Guerra quedará fijado en el plazo de 10 días, tras el auto de apertura de juicio oral firmado ayer por el juez Angel Márquez. El fallo de la Audiencia de Sevilla, notificado ayer y que admite la implicación de otros dos socios de Juan Guerra en la inmobiliaria Fracosur. -Carlos Jesús Pulido Tarifa y José Antonio Bellamy Pozo- en un delito de falsedad en documento mercantil, supone la conclusión de la instrucción de esta trama. Guerra se enfrenta a una petición de condena de nueve años, 36 millones de multa y deberá pagar una fianza de 60 millones.

Las defensas de los cuatro acusados de falsedad y fraude a Hacienda -los dos citados, Juan Guerra y José María Ramos Reina- deberán presentar calificaciones, tras lo cual, un juez de lo Penal fijará la fecha de la vista, que tendrá lugar el próximo otoño, según fuentes judiciales.El fallo de la Audiencia estima, como proponía el fiscal, que Pulido Tarifa y Bellamy Pozo, socios constituyentes junto a José María Ramos Reina de la sociedad Fracosur, son presuntos responsables de un delito de falsedad en documento mercantil detectado en los libros contables de la empresa, por lo que debían ser incluidos por el juez Márquez en el auto de apertura de juicio oral.

Pese a que ambos socios no declararon como imputados durante la instrucción de diligencias judiciales por este asunto en concreto, la Audiencia de Sevilla estima que sí lo hicieron en otros temas relacionados con la trama y tenían pleno conocimiento de los cargos que se les imputaban, por lo que no se vulneraron sus derechos.

Sin embargo, la resolución de la Audiencia no estima la implicación en los hechos de Adolfo de Bernardo, un testaferro de Juan Guerra en las operaciones realizadas por la citada sociedad en Levante, y para quien el fiscal ha solicitado en su calificación provisional tres años de prisión y 500.000 pesetas de multa.

Según el fallo, Adolfo de Bernardo no fue citado a declarar como imputado durante la instrucción del sumario, por lo que, según la ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede ser imputado ahora. Pese al fallo, la fiscalía mantendrá los cargos contra De Bernardo, según informó el fiscal Flores a este periódico.

El juez Ángel Márquez, cuyo juzgado se encontraba ayer de guardia, redactaba a la una de la tarde el auto de apertura de juicio oral que será remitido hoy a las defensas de los acusados. Márquez admitió la resolución de la Audiencia e indicó que incluirá a los dos nuevos imputados en el auto. Esto implicará nuevos escritos de acusación que, según el magistrado, no retrasarán las diligencias.

Márquez se mostró satisfecho por la conclusión de esta parte del sumario y no quiso entrar en elucubraciones sobre la probabilidad de sentencias condenatorias que puedan recaer a los implicados.

Asimismo, el juez descartó por el momento que puedan adoptarse prisiones preventivas contra algunos de los principales protagonistas del caso, que, con toda probabilidad, aparecerán acusados de varios delitos y con amplias peticiones de condena en las tramas que tienen prevista su conclusión en las próximas semanas".

Tres o cuatro meses

"Mi misión está concluida en esta parte de las diligencias. He completado la instrucción y mi tarea concluye garantizando que los acusados tengan un juicio", afirmó ayer Márquez, quien agregó que supone que la vista oral pueda tener lugar en un periodo de tiempo de tres o cuatro meses.En esta parte del denominado caso Juan Guerra, el ministerio fiscal ha solicitado tres condenas de tres años de prisión y multas por un valor total de 36 millones de pesetas para Juan José Guerra González y para su socio en la empresa inmobiliaria Fracosur, José María Ramos Reina.

El fiscal estima que ambos son responsables de dos delitos de falsedad en documento mercantil y uno de defraudación a la Hacienda Pública por valor de 12.828.000 pesetas. Por estas presuntas infracciones penales solicita tres años de prisión por cada uno de los tres delitos, además de multas de 500.000 pesetas por cada falsedad documental y de 35 millones de pesetas por la defraudación. También pide el reintegro al fisco de la cantidad defraudada, que corresponde al ejercicio de 1989.