En defensa de Maastricht

Leyendo y escuchando las opiniones de las diversas fuerzas políticas españolas se tiene la sensación, quizá desgraciadamente equivocada, de que muy pocos de los que emiten juicios sobre el proyecto constitucional europeo se 1 o han leído con un mínimo de atención. Desde luego, el Tratado de Maastricht no es el dudoso objetivo socialista de "Ileguemos al 97 con los más ricos" que el universo liberal del Gobierno nos ofrece, ni la rebuscada y escasamente elaborada argumentación para el no que Julio Anguita se ha construido. Maastricht es otra cosa y más cosas.Nadie a estas alturas, si se ha detenido a observar la realidad, puede dudar que la mundialización de la tecnología y de la economía no es un epifenómeno del sistema socialista, aunque la realización de esa mundialización se esté desarrollando en un modelo de acumulación favorable a su lógica. La mundialización de la tecnología y de la economía es un proceso derivado del vigoroso incremento de la productividad de los medios técnicos a disposición de la humanidad y de la racionalización de la organización de las empresas para conseguir economías de escala. Este incremento no tiene un solo camino, y si queremos que el crecimiento económico integre valores de equidad, de preservación del medio ambiente y de articulación social, es evidente la indispensabilidad del gobierno político supranacional de la economía. Esto sólo se puede realizar con instituciones, reglamentos, normas y participación. En resumidas cuentas, sólo es posible un proyecto político y social de izquierdas si se dan pasos para crear dispositivos institucionales superiores a los Estados nacionales, que orienten un crecimiento económico que, dejado a la asignación espontánea del mercado, provoca desequilibrios más costosos que lo que implicaría una intervención prudente del Estado. Maastricht habla de eso.

Por ello, la pregunta que con respecto a Maastricht nos debemos hacer es muy simple: ¿Es el proyecto de texto constitucional europeo una base jurídica suficiente para el lanzamiento de una estrategia hacia la equidad y el equilibrio? Mi interpretación es que sí.

Para fundamentar este sí constitucional me voy a detener exclusivamente en el desarrollo de cuatro aspectos clave de la redacción de los textos: el principio de subsidiariedad, el principio de cohesión, la filosofía de los fondos estructurales y el nuevo marco para la investigación y el desarrollo tecnológico.

El principio de subsidiariedad, que se introduce por primera vez en el artículo 3B del Tratado de Maastricht, dice: "En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario". Esta fórmula no es, en absoluto, inocente, y es una buena respuesta a los problemas de organización del Estado requeridos por la mencionada mundialización.

Política comunitaria

Porque en este artículo 3B se dan dos importantes criterios de enjuiciamiento: en primer lugar, el de la dimensión; en segundo lugar, el de los efectos de la acción contemplada. A la vez, estos dos criterios se consideran por separado, lo que implica una amplia variedad de posibilidades de acción política comunitaria. Hay que fijarse en que una de las causas de intervención política de la Comunidad se refiere a que las consecuencias de dicha acción logren mejor, y de manera suficiente, los objetivos deseados. Si esta formulación, que perfila la intervención pública comunitaria, la combinamos con el principio de cohesión económica y social, que aparece por primera vez entre los principios del Tratado (haciendo desaparecer la focalización hacia el mercado), nos encontramos con que Maastricht puede interpretarse como la reorientación, en su base jurídica, de la economía de mercado hacia terrenos más equitativos y sociales.

Así, en el artículo 130B se dice: "Los Estados miembros dirigirán y coordinarán su política económica con miras a alcanzar también los objetivos enunciados en el artículo 130A (desarrollo armonioso y reforzamiento de cohesión económica y social). Al formularse y desarrollarse las políticas y acciones de la Comunidad y al desarrollarse el mercado interior, se tendrán en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 130A, participando en su consecución". Esta redacción no es baladí, ya que, unida a la posibilidad de intervención pública comunitaria, que el principio de subsidiariedad define, da un golpe importante a la concepción liberal del mercado interior. Porque si la cohesión y la armonía se tienen que tener en cuenta en la formulación de las políticas y acciones comunes (agricultura, pesca, transportes, competencia, social, medio ambiente, industria, investigación y desarrollo, energía, redes transeuropeas, salud, enseñanza y formación, cooperación para el desarrollo, protección de los consumidores, protección civil y turismo), nos encontramos con que es necesario un ejercicio de reglamentación, de normalización y, en definitiva, de programación a medio y largo plazo. Obviamente, ésta es una posibilidad interpretativa que dependerá de que las fuerzas interesadas en el cambio la hagan suya y luchen para que se sumen fuerzas que obliguen a esa interpretación.

En lo que se refiere a los fondos estructurales es importante aclarar políticamente lo que de forma sistemática se trata desde una perspectiva errónea. Es cierto que los fondos estructurales, por su cuantía, difícilmente van a rectificar los poderosos procesos de concentración industrial, territorial y de renta que la asignación espontánea del mercado produce, y si no, véanse las investigaciones que sobre tecnología y cohesión. económica y social ha hecho la Comisión, en el programa FAST. De lo que se trata con los fondos estructurales es de aprovechar el único instrumento de programación plurianual que existe en Europa, de forma que se puedan engarzar los proyectos de desarrollo regional con la lucha por la cohesión económica y social. En este campo, desgraciadamente, ni la izquierda ni los sindicatos hemos sido capaces de forzar la participación amplia de la población en las elaboraciones de previsión y, en la. mayoría de las ocasiones, ha primado la preocupación cuantitativa.

Fondos estructurales

El desastroso informe que el Tribunal de Cuentas ha hecho sobre los fondos estructurales está siendo utilizado por las fuerzas conservadoras para limitar no sólo su ampliación financiera, sino para poner en cuestión la propia filosofía planificadora y de ordenación. Pues bien, el paquete Delors II, que es la propuesta de financiación comunitaria de esos fondos, aun haciendo excesivo hincapié sobre la competitividad, relaciona todos los elementos cualitativos de la construcción comunitaria en lo que es una visión íntegra novedosa que no existía en el Acta única. Hay soluciones sociales y económicas que no sólo no cuestan dinero, sino que obligan al consenso, a la participación y, en suma, a la articulación social. Si el objetivo no es el lamentable "ser los más ricos", sino "ser los más justos y democráticos", los fondos estructurales y la política regional europea pueden ser una buena excusa.

Asimismo, la investigación y desarrollo tecnológico han dado la oprtunidad a la Comisión de elaborar una comunicación, en base a Maastricht, con múltiples estímulos políticos, como es el caso de la investigación de los problemas urbanos en todos sus aspectos. A partir de ella se realizará el IV Programa Marco Comunitario de Investigación y Desarrollo, que es, ni más ni menos, el proyecto de intervención pública comuniatria en el terreno del conocimiento. En este apartado hay que pensar que toda propiedad pública del saber, y sobre todo si se acerca a los niveles de comercialización, supone una propiedad intelectual pública que favorece la difusión democrática del conocimiento. Toda apropiación privada del saber supone restricción, y la concepción de la tecnología como bien colectivo implica desarrollo armonioso, cohesión y democracia. Ese debate es también posible con la propuesta comunitaria.

Y como en todo proceso histórico, aquí también existen elementos subjetivos valiosos. Hay que admitir que detrás de Maastricht está la única personalidad (junto con Gorbachov) con densidad política del panorama europeo. Me refiero a Jacques Delors, artífice laborioso de esta plataforma, que refleja su forma, de ver la complejidad de los procesos económicos contemporáneos, y que se resumen en su posición en relación al concepto de política económica. Como él dice, "la opinión dominante hoy es que la política económica es la política monetaria más la política presupuestaria. Esta opinión no es la mía. Personalmente considero que la evolución de los ingresos y de los costes de producción, la evolución de la estructura de la oferta, la política de ordenación del territorio, la política social, la política de estructuras forma parte de la política económica". Maastricht está preparado para esa visión.

Después del referéndum danés se está formando un frente anti-Maastricht que está encabezado por el Gobierno británico, el cual dirigirá la Comunidad los próximos seis meses. Van a ser seis meses difíciles, entre otras cosas, porque nadie está defendiendo Maastricht con convicción política plena. La estrategia de Major tiene dos objetivos vitales para el proyecto comunitario: deshacer la posibilidad de gobierno comunitario modificando el sentido del principio de subsidiariedad (con lo que limita las posibilidades de la cohesión) y tratar de impedir la reelección de Jacques Delors como presidente de la Comisión. Si ambos temas consiguen salir triunfantes en la cumbre de Lisboa del 26 y 27 de junio, significará que se ha dado un tremendo retroceso en la equidad. De ello serán responsables tanto los que se acomodan al mundo de lo posible como los que huyen de sus responsabilidades y se retiran a Aventino.