Permiso para adelantar, peligro de muerte

Nadie cree que sobre los 25 kilómetros que hay desde una venta a pie de la carretera nacional 323, en el término granadino de Iznalloz, hasta pasado el límite de Campo téjar pese una maldición que exige continuamente víctimas. Desde hace cuatro años, unas 200 personas han fallecido en accidentes de tráfico y varios centenares han sufrido heridas, según cifras del juzgado de paz de Iznalloz, a causa de derrapajes o choques durante la maniobra de adelantamiento en zonas autorizadas. La reciente decisión del juez Antonio Gallegos, que indagaba la relación entre la siniestralidad y la mala señalización, de archivar el caso replantea la existencia de una fatalidad inexplicable.

Los vecinos de las poblaciones cercanas a la ruta de la muerte, que hacen a diario el recorrido, sostienen que algo no funciona. Algunos no saben explicar qué invita a los automovilistas a circular a gran velocidad por qué la primera lluvia que cae en la calzada convierte el firme en un resbaladero o los trágicos re sultados de los adelantamientos superan con creces al de cual quier otro punto de España. Los vecinos, por si acaso, no responden a la invitación de correr, y nadie del lugar ha sufrido un siniestro mortal. El juez de paz de Iznalloz, José Luis Hernández-Carrillo, culpa sin vacilar a la mala señalización de todas las desgracias. La carretera comenzó a ganar su fama -o mejor, su infamia- el día en que repintaron las líneas divisorias de los carriles y suprimieron las señales de prohibición de los adelantamientos.

La vieja carretera se convirtió en un ágil paseo, pese a que la in novación no supuso el desdobla miento, sino la puesta en uso, de forma intermitente, de un tercer carril, ya en dirección norte, ya en dirección sur. Granada y Jaén quedaron a menos de una hora de camino, pero con un elevado coste en vidas.

¿Qué indujo a cambiar la señalización? Todos sospechan que los beneficios económicos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), según malician algunos, convirtió, merced a un simple cambio de se ñales, una carretera de trazado discutible y piso deslizante en un remedo de autopista con el fin de obtener una de las subvenciones de los fondos Feder de la Comunidad Europea par las vías rápidas.

Ésta parece la única razón del sorprendente cambio. Hasta hace unos días, en que fueron cambiados por sorpresa, los discos limitaban la velocidad a 100 kilómetros a, la hora y, extraordinariamente, a 80, pero nunca por debajo. La permisividad para los adelantamientos se mantiene incluso en curvas de visibilidad insuficiente.

Hernández-Carrillo, en su afán de demostrar al juez Gallegos esta teoría sobre la alteración de las señales, ha tratado de buscar a uno de los pintores contratados entonces para repintar el suelo y hasta el viernes mantenía la esperanza de que el testigo pudiera declarar ante el juez. Pero el archivo del caso y la suspensión de un careo que el propio juez había acordado para el 30 de junio ha vuelto baldío el esfuerzo.

No agobiar al conductor

La Dirección Provincial de Tráfico de Granada, que no es responsable de la señalización de carreteras, desconoce la razón del cambio de señales, aunque aventura que el Criterio permisivo del MOPT para no agobiar al conductor con recomendaciones pudiera ser el origen.

La terrible contabilidad de la ruta de la muerte se divulgó el pasado 2 de abril, cuando el juez de paz de Iznalloz, atormentado por los continuos levantamientos de cadáveres, denunció en el juzgado a Rafael Villar. Lo hizo sin convicción de ganar el pleito, sólo movido por la esperanza de que la aparición de la noticia en la prensa indujera a los responsables de carreteras a restituir la antigua señalización y a mejorar el trazado y a renovar, el firme con asfalto granulado.

Sin embargo, el juez al que llegó la denuncia se limitó en un principio a tomar declaración al juez de Iznalloz y a Rafael Villar, director provincial de carreteras, y luego remitió al fiscal el sumario para que decidiera si había indicios delictivos.

El fiscal decidió que las diligencias ordenadas por el juez eran insuficientes y devolvió al sumario, junto con la petición de que se investigara la relación entre los fondos Feder y la reseñalización, y se procediera a un careo entre el juez de Iznalloz y el director provincial de carreteras.

Mientras el juez Antonio Gallegos estudiaba la petición, siete personas dejaron su vida en tres accidentes de tráfico, entre el 1 de junio y el 16 de ese mismo mes. Gallegos opina que no se puede imputar globalmente a la Administración un supuesto delito de imprudencia temeraria por distintos sucesos, pese a la similitud de las causas y la coincidencia de la localización, sino que el reproche se debe plantear individualmente en cada uno de los sumarios. El auto de archivo ha impedido también que el juez, como solicitó el fiscal, preguntara al director provincial de carreteras por los fondos Feder y que publicara edictos para que los damnificados se sumaran a la causa como acusación. Esta idea fue planteada por el hermano del ex presidente del Tribunal Superior de Andalucía, después de que una hermana de ambos falleciera el 14 de junio pasado junto a su esposo cuando viajaban a Almería.