Juristas y expertos cuestionan las cárceles y proponen alternativas a la privación de libertad

Unos 50 magistrados, criminólogos, psicólogos y otros expertos en asuntos penitenciarios participaron el pasado fin de semana en un simposio internacional en el que se cuestionó la situación de las prisiones, para las que se buscaron alternativas. La libertad a prueba o probatión, el régimen abierto y las unidades dependientes -pisos donde se acoge a grupos de penados- son experiencias estudiadas, a las que se sumaron propuestas como la reducción de las penas privativas de libertad, su no aplicación a menores de 18 años y la sustitución de la cárcel por servicios a la comunidad o reparación del daño causado a la víctima.

Durante las 20 horas de discusión, moderadas por José María Martín Patino, presidente de la Fundación Encuentro, organizadora del debate a puerta cerrada celebrado en una residencia de Collado Villalba (Madrid) -al que asistió EL PAÍS-, las posiciones se dividieron entre quienes objetan todo sistema penitenciario; quienes, a falta de una alternativa global, propugnan micro soluciones que aminoren los efectos perversos de la cárcel, y quienes la consideran un mal necesario y reformable.Las posiciones más radicales fueron encabezadas por la juez de vigilancia penitenciaria Manuela Carmena, para quien la pena privativa de libertad "es tremenda y absolutamente inútil". Explicó que la cárcel se inventó para que no hubiera delitos y, desde que existe, "cada vez hay más cárceles, más delitos y más delincuuentes", ya que se encarcela a la gente sin conocer por qué delinquió. Como alternativa a la cárcel, Carmena propuso medidas centradas en la reparación del daño causado a la víctima y en la libertad condicional, a fin de evitar "un sufrimiento inútil".

En la misma línea, el catedrático de Derecho Penal Borja Mapelli aseguró que "la construcción de más cárceles no va a acabar con la masificación de las prisiones y hará decrecer", dijo, "las alternativas". Entre estas últimas mencionó la probatio [suspensión del fallo y control de la libertad por parte de instituciones adecuadas], el control electrónico de los penados excarcelados y la libertad condicional. Denunció las "circulares clandestinas" del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, a través de los cuales se limitan derechos fundamentales de los presos y recordó que sigue sin cumplirse la ley en cuanto a democratización de las prisiones y que "no se ha creado ninguna prisión abierta, sino que sólo se han establecido secciones abiertas dentro de los macromonstruos".

La 'probatio', rentable

Por su parte, Esther Giménez, alto cargo de la Generalitat de Cataluña, lamentó el inmovilismo español y "el deporte español, la pereza", que ha impedido introducir en nuestro país alternativas a la cárcel que existen más allá de los Pirineos desde hace 150 años, como la probatio. Asimismo, Ana Pina, subdirectora de tratamiento de la cárcel de mujeres de Carabanchel (Madrid), abogó por medidas alternativas que eviten el "mucho daño" que se hace en la prisión y reprochó el desuso de una medida legal como el indulto.Enric Poch, director del Instituto de Reinserción Social, resaltó que, a pesar del criterio gubernamental de que las instituciones de vigilancia del penado en libertad encarecen el sistema, "la probatio es rentable socialmente", ya que permite conocer si las personas "en libertad condicional vuelven a delinquir". Señaló que la fórmula de libertad a prueba del anteproyecto de Código Penal no evita la prisión preventiva. Respondió el catedrático de Derecho Penal y coordinador del anteproyecto de Código Penal Carlos García Valdés, quien reconoció que la fórmula, "mejorable", se limita a suspender la ejecución de penas de hasta dos años de cárcel.

El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín propuso que la actual posibilidad judicial de impedir que ingrese en la cárcel un drogodependiente condenado a dos años de cárcel, se amplíe hasta las condenas de seis años, para que puedan beneficiarse de ella los numerosos drogadictos que cometen el delito de robo con armas, al que corresponden cuatro años y dos meses de cárcel.

El también magistrado del Supremo y catedrático de Derecho Penal Marino Barbero pidió que el Estado dedique fondos a las instituciones de vigilancia de la probatio, que él denominó de "libertad asistida", así como que prevea de forma expresa alternativas a la cárcel como los pisos en los que viven en libertad controlada pequeños grupos de penados, en algunos casos madres con hijos menores de 6 años. En cuanto al importe de las alternativas a la cárcel, Pedro R. David, asesor de las Naciones Unidas, señaló que los Gobiernos no establecen las prioridades adecuadas y que el ministro de Justicia "en todos los países es un pequeño funcionario frente al ministro de Economía", por lo que no logra hacer valer que las instituciones de ayuda o los voluntarios son más útiles que la burocracia funcionarial.

Isabel Spottorno, responsable de las casas de acogida y unidades dependientes promovidas por Horizontes Abiertos, insistió en la labor de ayuda y control de estas instituciones.