Las medidas necesarias

Como solución se propone un conjunto de medidas estructurales que sirvan al doble objetivo de convergencia nominal y convergencia real. Estas medidas se refieren al mercado de trabajo, a incrementar la competencia en determinados sectores y a la reforma del sector público.Mercado de trabajo. Las medidas contempladas en este apartado tienen como finalidad propiciar un nuevo aumento de la intensidad de empleo durante el periodo del programa. Dichas medidas son:

- Eliminar las barreras existentes a la movilidad funcional y geográfica de la mano de obra.

- Reforzar los incentivos económicos que añaden intensidad al proceso de búsqueda activa de empleo entre los que lo hayan perdido y entre los que tratan de incorporarse por primera vez al mercado laboral (esta medida ha sido analizada en el apartado correspondiente a la política fiscal por su incidencia en la reducción del gasto público).

- Mejorar el nivel de cualificación de los demandantes a través de la oportuna reforma del sistema de formación profesional y de la coordinación de la enseñanza reglada con la ocupacional.

De las tres medidas reseñadas, es la última la que constituye el reto más importante que tiene nuestra economía desde hace muchísimos años, sin que ninguna de las reformas que se han realizado con tal objetivo hayan tenido éxito. Esta medida puede considerarse capital en el intento de conseguir una mejora de la productividad de nuestra economía para hacerla más competitiva.

Las medidas estructurales que afectan al mercado de trabajo son las que aparecen más desarrolladas en el programa.

Incremento de la competencia.

Se considera fundamental la desregulación de la actividad económica para combatir la inflación. El Tribunal de Defensa de la Competencia realizará un estudio que tendrá como finalidad identificar los costes del sistema de regulación de un amplio conjunto de sectores, suministrando la información necesaria para llevar a cabo un proceso de liberalización de nuestro sistema productivo. Hay que tener en cuenta que los servicios constituyen el sector que impulsa más fuertemente la inflación, al no ser posible por lo general introducir la competencia del exterior.

Sin embargo, se contemplan ya en el programa reformas en los sectores de telecomunicaciones, transporte terrestre, marítimo y aéreo, que vienen o vendrán impuestas por la legislación comunitaria, aprobada o en estudio, mucho más abierta a introducir la competencia en dichos sectores, reductos tradicionales de la empresa pública.

En cuanto al sector de entidades de crédito y seguros, cuya liberalización total tendrá lugar el 1 de enero de 1993, el programa fija como objetivo el conseguir que los beneficios de la competencia se transmitan al usuario de estos servicios.

Reformas en el sector público. Las tres áreas en las que se aborda la reforma del sector público comprenden los organismos públicos, las empresas públicas y la sanidad. A pesar de la ineficacia e ineficiencia con que funciona la administración pública, la única medida contemplada en el programa es la suspensión o refundición de organismos públicos.

La ineficacia de la Administración pública se traduce en un índice de precios elevado de los servicios producidos por las mismas, que se incorpora al índice de precios implícito del PIB. Los mayores costes que tal ineficacia comporta son financiados a través de impuestos pagados por el sector privado de la economía, lo que dará lugar a una disminución de su renta disponible y, por tanto, de su ahorro y / o a un traslado a precios (de los productos o del factor trabajo: salario).

Normativa comunitaria

En cuanto a la actividad pública de carácter empresarial, se realiza la declaración de congelar en términos nominales durante la duración del programa el volumen de recursos públicos canalizados hacia las empresas públicas. Ahora bien, tal forma de actuar viene impuesta por la normativa comunitaria, ya que las empresas públicas no podrán recibir subvenciones o ayudas encubiertas a través de aportaciones de capital que den lugar a un falseamiento de la competencia.

En cuanto a la sanidad, el programa recoge determinadas propuestas contenidas en el denominado Informe Abril, que sin duda incidirán en la mejora de la gestión. Sin embargo, creemos que es tal el deterioro al que ha llegado la prestación sanitaria pública que sólo la introducción de un fuerte revulsivo podrá enderezar de manera permanente la producción pública de la sanidad. Este revulsivo podría ser la implantación de un mercado sanitario mixto de carácter competitivo donde intervinieran agentes públicos y privados con libertad de elección por los beneficiarios de la prestación.

En resumen, podemos decir que, con las observaciones formuladas, el programa de convergencia es coherente para conseguir nuestra incorporación a la tercera fase de la UEM.