Las rentas antiguas de las viviendas seguirán congeladas pero el inquilino asumirá costes fiscales

El Gobierno ha decidido desbloquear la nueva legislación sobre alquileres, congelada prácticamente desde principios de año, e iniciar los trámites pertinentes para que el Consejo de Ministros la apruebe antes del verano, según afirmó ayer en el Congreso el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. La futura Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contemplará una duración mínima de los contratos de alquiler de cuatro años con actualizaciones anuales según el índice de Precios al Consumo, sólo permite una subrogación y prevé el mantenimiento de las rentas congeladas o antiguas, aunque con un tratamiento fiscal favorable para los propietarios de la vivienda arrendada.

Después de varios meses de atasco, el Ejecutivo se ha decidido a dar vía libre a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tras sopesar detalladamente el coste político y social de una medida de este calibre. Esta luz verde supone en la práctica que el texto elaborado por los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pasará inmediatamente a la comisión de subsecretarios, lo cual significa que será estudiado y aprobado por el Consejo de Ministros "antes del verano", según señaló ayer en el Congreso de los Diputados José Borrell, informa Camilo Valdecantos.

El proyecto de la nueva LAU supone la derogación del decreto Boyer e introduce importantes modificaciones, aunque menos contundentes que las esperadas en un principio, sobre las rentas congeladas o antiguas.

Subrogaciones

El nuevo contrato de alquiler tendrá una duración mínima de cuatro años y su precio se irá actualizando anualmente en función del índice de Precios al Consumo (IPC) del ejercicio precedente.

Respecto al alquiler de los locales comerciales, la futura ley de arrendamientos consagrará la libertad de mercado absoluta, de tal manera que los contratos se regirán directamente por la legislación contenida en el derecho civil.

De cualquier forma, las innovaciones más interesantes se producen en el conjunto de alquileres de viviendas sujetos a rentas congeladas. El proyecto recoge la anulación de las subrogaciones (sólo se podrá transmitir la vivienda entre el matrimonio, y no a los descendientes tal y como ocurre en la actualidad), y establece un tratamiento fiscal favorable para los propietarios de las viviendas en arrendamiento.

En concreto, el inquilino deberá correr con parte los gastos fiscales -impuesto sobre el patrimonio- derivados de la propiedad del piso alquilado, que hasta ahora corrían a cargo del titular de la vivienda. Por último, se aprovechará la nueva ley de arrendamientos para agilizar la resolución de los pleitos por alquileres impagados.

Al margen de este bloque de disposiciones, la futura ley introducirá un artículo en el que se liberaliza la venta de las viviendas de protección oficial (VPO) adquiridas antes de 1978. Hasta ahora estaba prohibida su venta en el mercado libre, aunque las transacciones de este estilo son una práctica bastante habitual.

Por otra parte, los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes reflejan que, en el periodo enero-abril, las solicitudes para acogerse al plan de vivienda 1992-1995 alcanzan el 43,7% de las previstas para el total del año.

El conjunto de esas solicitudes alcanzan un cifra de 34.749, correspondiendo 22.785 a VPO de nueva construcción, 6.309 a adquisición de viviendas a precio tasado, y 5.655 a rehabilitación. Fuentes del MOPT señalaron que "estas cifras suponen un elevado grado de cumplimiento del plan de vivienda en 1992".

Por comunidades autónomas, Cataluña, Baleares, Aragón, Galicia y Valencia son las que más adelantados tienen el mecanismo burocrático de admisión y concesión de ayudas. Por contra, Madrid, Canarias, Andalucía y Cantabria están todavía pendientes de publicar dichas normas.

Cumbre en junio

Además, el próximo 23 del mes de junio se reunirá por primera vez la comisión estatal de seguimiento del plan de vivienda 1992-1995, que está presidida por el titular de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y en la que participan representantes de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los promotores y las entidades de crédito.

De este encuentro se sacarán las conclusiones necesarias para decidir si es necesario o no modificar el reparto de actuaciones por comunidades autónomas diseñado a principios de año. Esta reordenación se efectuará en función del éxito o el fracaso del plan en cada autonomía.

La financiación, una de las piedras angulares del plan de vivienda, está casi cubierta oficialmente, puesto que la mayor parte de los convenios suscritos con las entidades financieras ya se han plasmado en los pertinentes contratos. En concreto, de los 440.000 millones de pesetas de financiación privada prevista para el plan 1992-1995 ya hay contratos rubricados por valor de 374.600 millones de pesetas.