La huelga

LOS SINDICATOS tienen razones, pero son sus razones. Nadie puede discutir su derecho a exponerlas, a tratar de convencer a los demás. Pero nada obliga a esos otros ciudadanos, incluyendo muchos trabajadores, a compartirlas. Los motivos de queja esgrimidos en la convocatoria de huelga -decreto de desempleo, ley de huelga, desindustrialización- son dignos .de consideración, pero distan de ser tan evidentes que conciten la unanimidad de la población. Sobre todo, no todo el mundo piensa que esos motivos sean de tal naturaleza que hagan inevitable el recurso a un medio tan extremo como la huelga general. Y esa opinión merece el mismo respeto que la contraria.La ley de huelga, por ejemplo, ha sido considerada una necesidad perentoria por el Parlamento, y hay motivos para sospechar que no son pocos los ciudadanos -en especial los de las grandes ciudades que recientemente han sufrido el abuso de la acción de paros salvajes- que comparten ese punto de vista. La conveniencia de estimular la reindustrialización de zonas en declive es sin duda apoyada por los habitantes de las comarcas afectadas y otros muchos, pero no siempre la actitud de los sindicatos ha favorecido precisamente una política de asignación de recursos que otorgue prioridad a ese objetivo sobre otros. Sería magnífico poder destinar mucho dinero a la financiación de las infraestructuras, tan decisivas para atraer inversiones, sin merma para los fondos destinados a subsidiar el paro y otras emergencias sociales. Pero hasta el más doctrinario asesor económico de las direcciones sindicales sabe que no siempre basta que dos objetivos sean deseables para hacerlos compatibles. En fin, el denominado decretazo tiene aspectos discutibles, pero no sería justo negar la existencia de poderosos motivos en favor de una reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) orientada a los mismos objetivos que la propuesta por el Gobierno: contener la desviación presupuestaria (de uno a dos billones en tres años) y evitar algunos de los efectos indeseables detectados en el sistema de subsidios (en particular a partir de su ampliación, en 1989, tras el 14-D).

Por ello mismo, carece de fundamento la pretensión sindical de dar por supuesto el acuerdo general con su convocatoria y de fijar los servicios mínimos en el transporte -eje básico para medir el resultado de una movilización a la que se quiere dar la característica de global- en función de esa suposición. Para que la opción de los ciudadanos sea libre ha de garantizarse que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo, y ello es incompatible con la propuesta sindical de reducir los servicios mínimos a un tren de cercanías por hora entre las seis y las nueve de la mañana. El Gobierno se carga de razón, por ello, al fijar unos servicios mínimos más ajustados a la realidad. En Cataluña, la Generalitat y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre unos más bien simbólicos servicios mínimos. Los sindicatos han utilizado esta negociación, y su final, para refregarle en la cara al Gobierno socialista que si no hay acuerdos con las centrales es porque el Ejecutivo no quiere. La Generalitat, por su parte, se ha evitado el siempre incómodo ejercicio de la autoridad. 0 sea, que todos contentos, salvo el ciudadano, que de ocho a once de la mañana no tendrá ningún transporte público, ya que el pacto sólo alcanza a una cobertura del 25% de los transportes hasta las ocho.

Por otra parte, ya no se dan las condiciones que en el pasado hicieron legítimo el recurso a los llamados piquetes informativos: éstos no buscaron nunca informar, sino dar al trabajador un pretexto frente al poder del empresario para despedir o discriminar profesionalmente al huelguista. En algunas pequeñas empresas puede existir ese riesgo, pero es absurdo suponer que tal pueda ser hoy el caso de la mayoría de los centros de trabajo. De ahí que la huelga del jueves se plantee también como una prueba de la madurez de las centrales a la hora de respetar las reglas del juego.