IU y PP denuncian un trato discriminatorio a favor de Rubio y Boyer en el juzgado

Izquierda Unida y el Partido Popular mostraron ayer su repulsa por lo que entienden como trato discrimínatorío a favor del gobernador del Banco de España, Maríano Rubio, y del ex ministro de Economía, Miguel Boyer, durante sus comparecencias en el juzgado por el caso Ibercorp. Jueces y sindicatos de los Juzgados, expresaron también su malestar.

El grupo parlamentario de IU solicitó ayer que el ministro del Interior, José Luis Corcuera comparezca en el Parlamento para explicar la "escandalosa protección policial" que, según ellos, tuvieron Maríano Rubio y Miguel Boyer. Antonio Romero, en nombre de Izquierda Unida aseguró que "ciudadanos normales de Madrid que llevan años esperando acudir al juzgado, tendrán que volver otro día porque ayer y anteayer asistían los señoritos de España". El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, aseguré que es necesario que el Consejo del Poder Judicial investigue lo ocurrido para determínar si, efectivamente, hubo un trato discriminatorio en favor de Boyer y Rubio durante sus comparecencias en el juzgado.

Por su parte, algunos jueces y miembros de los sindicatos mayoritarios de los juzgados de la plaza de Castilla denunciaron la decisión del juez Antonio García Peredes de permitir a Miguel Boyer y a su esposa Isabel Presley "el privilegio" de acceder al recinto judicial por el garaje. "Tenían que haber entrado, como todo el mundo, por la puerta principal, que es por donde lo hacen, sin distinción, las alrededor de 6.000 personas que pasan diariamente por aquí", se quejó uno de los jueces.

Mala imagen

Los magistrados consultados por este periódico -una docenacoincidieron en señalar que la decisión del decano "enturbia la imagen del juez ante los ciudadanos". "Boyer y su esposa no sólo deberían haber entrado por la puerta principal, sino que, además, tenían que haber pasado por el detector de metales", señaló otro magistrado. El matrimonio utilizó, para subir al Juzgado 21 de Instrucción, donde prestaron declaración por el caso Ibercorp, el ascensor cuyo uso está reservado exclusivamente a la Guardia Civil para la conducción de reclusos y detenidos.

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF) consideró el trato de "indignante". Comisiones Obreras lo tildó de "excesivo". La CESIF, por su parte, exige que se "depuren las responsabilidades a que hubiere lugar" y asegura, en un comunicado enviado al decano, que la decisión de ayer supone una "discrin-únación descarada y humillante para los ciudadanos".

Según han manifestado varios jueces, García Paredes ha justificado su actitud en la necesidad de proteger la integridad fisica del matrimonio, pues, le habían comunicado la intención de algunas personas, entre ellas el empresario José María Ruiz Mateos, de lanzar huevos sobre Boyer y su esposa. El juez decano (quien no pudo ser localizado ayer por este periódico) ha señalado también a algunos de sus colegas que la distinción se debía también a la condición de ex ministro de Miguel Boyer.