España exigirá a Delors ayudas económicas de la CE para la conservación de Doñana

El presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, visitará el domingo, al frente de una delegación comunitaria, el parque de Doñana. La mayor reserva natural de Europa seha convertido en el símbolo de la disidencia y el posterior reencuentro entre las autoridades de la CE y el Gobierno sobre la política de protección M medio ambiente. La Comisión celebrará una reunión en la Expo y mantendrá con representantes del Gobierno un encuentro para debatir los proyectos sobre Doñana. La visita de Delors será aprovechada para "meterle por los ojos" la necesidad de una ayuda comunitaria.

La visita al parque de Delors que vendrá acompañado del comisario Carlo Ripa de Meana, se reducirá, por limitacio nes de tiempo, "prácticamente al sobrevuelo en helicóptero de buena parte del parque", según fuentes de la Secretaría de Estado para el Medio Ambiente.Bruselas aún no ha recibido ninguna propuesta concreta de España. El Estado, con ayuda de los fondos de la Comunidad Europea, tendrá que invertir de aquí al año 2000, 50.848 millones de pesetas para proteger Doñana del peligro de destrucción de poblaciones silvestres y salvar las marismas, "un ecosistema único en Europa".

El grueso del dinero ira destinado a infraestructuras y proyectos de desarrollo alternativos para las poblaciones afectadas. Los promotores privados tendrán que asumir otros 5.634 millones en programas de turismo de calidad y proyectos de regadío y cultivos, compatibles con la supervivencia de especies vegetales y animales.

Esfuerzos inversores

Las inversiones en Doñana son sólo una pequeña parte del coste que tendrá para España adaptarse a las normas ecológicas de la CE.

El Estado correrá con el mayor esfuerzo, que en el caso de la depuración de las aguas de las ciudades exigirá un gasto estimado en tres billones de pesetas. Las normas, anticontaminantes obligarán a ciertas empresas a tener que invertir más de 120.000 millones de pesetas.

En la postura defensiva del Gobierno ante la política de medio ambiente de la CE pesa la prioridad puesta en recuperar cuanto antes el atraso con respecto a la riqueza media de los Doce.

El total de 56.482 millones requeridos para el desarrollo del parque de Doñana es el resultado del estudio elaborado recientemente por una comisión internacional de expertos, nombrados por la Junta de Andalucía con el consenso del Gobierno y de la Comisión Europea.

Entre las medidas a tomar figura el cambio de gestión del parque, sometido a la atomización de competencias entre múltiples instancias. La comisión de expertos recomienda además utilizar el máximo de ayudas de la CE para conseguir que quienes habitan en esta zona "no tengan necesidad de sobrevivir mediante el gesto desesperado de la destrucción de su entorno". Se apoya la creación de una industria agroalimentaria alternativa al monocultivo de la fresa y el arroz.

Las conclusiones del Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana, que así se llama el informe, sellan un pacto entre la CE y el Gobierno.

La polémica surgió el 13 de mayo de 1990 con las declaraciones del comisario Carlo Ripa di Meana, responsable comunitario de la política de Medio Ambiente. "No se puede cerrar los ojos a la catástrofe de Doñana, una zona sagrada para la memoria de los europeos", dijo.

Reconciliación

El entonces ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, reaccionó con aspereza ante la crítica. Dos meses antes había enviado una carta al comisario en la que le exigía rectificar su afirmación de que España era el país que cometía más infracciones contra las directivas comunitarias sobre protección del medio ambiente.

A pesar de los intentos de suavizar las tensiones, sólo se intentó pasar del enfrentamiento a la colaboración cuando la Comisión Europea envió a España el dictamen motivado del procedimiento de infracción abierto por las denuncias recibidas sobre el parque de Doñana, la principal reserva ecológica de la Comunidad Europea.

El proyecto de una solución negociada comenzó a fraguarse en noviembre de 1990 con la visita a Bruselas de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía.

La propuesta fue la de completar la acción ecológica española con un plan de desarrollo para los municipios afectados contando para ello con la participación de la Comunidad Europea.