La Comunidad acepta modificar el plan general para construir 13.000 pisos públicos en el norte
La Comunidad de Madrid está dispuesta a modiricar urgentemente el Plan General de Ordenación Urbana de la capital para recaliricar 670 hectáreas y destinarlas -junto con otras 238- a la construcción de más de 13.000 pisos protegidos en la zona norte de la ciudad, bajo el arco trazado por la autovía de circunvalación M-40. Los responsables autonómicos quieren crear reservas de terreno residencial en la capital para afrontar las nuevas demandas de alojamiento. También se pretende poner en el mercado inmobiliario el suelo de los polígonos en los que no ha habido actividad urbanistica.
En su último pleno, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la creación- de reservas de suelo en el norte de la ciudad-en el distrito de Fuencarral- que agrupan unas 5 10 hectáreas. Estos terrenos, que coinciden con las previsiones de¡ Gobierno regional, se destinan a actuaciones a medio y largo plazo, que no resuelven los problemas urgentes de vivienda según advierte Jose María Ezquiaga, director de planeamiento de la Comunidad.Las primeras señales de alerta en los niveles de suelo para vivienda en Madrid ya han.emnezado a sonar.
Mientras se ultiliza la revisión del Plan General, la Comunidad se muestra dispuesta a aceptar una serie de recalificaciones de terrenos, destinadas a resolver los problemas urgentes de vivienda. Estas medidas permitirán la edificación de nuevas promociones dé pisos para su adjudicación en el año 1995.
Antes de iniciar la revisión global del Plan General, la Comunidad ha lanzado al Ayuntamiento electo de una "actuación concertada" de ambas administraciones públicas en el norte de la ciudad.. En esa revisión global "habrá que buscar espacio para los grandes polígonos de vivienda y para las infraestructuras (aeropuerto, autopistas, tren de alta velocidad)".
Protección ecológica
La Comunidad pide un nivel de especial protección ecológica en el denominado polígono 10, situado en Arroyo del Fresno, en el que se bloquea el incremento de la construcción. En sus 152 hectáreas sólo será posible edificar 500 viviendas. Sin embargo, el equipo de gobierno del Partido Popular pretende sacar al mercado inmobiliario un-total de 6.000 pisos en esa zona. Izquierda Un¡da y el PSOE se comprometieron en la Asamblea de Madrid a cerrar el paso a las. tensiones especulativas, precisamente en el trazado de la M-40 más cercano al monte de El Pardo. La protección del polígono 10 ha sido uno de los peajes que ha cobrado IU por ceder al paso de la autovía por una franja del monte.
Por otro lado, la Comunidad autoriza al Ayuntamiento a desarrollar el polígono 11, en la margen derecha de la cárretera de Burgos, con 86 hectáreas y un total de 2.500 viviendas. También se acepta el uso residencial, mediante la recalificación de terrenos, de espacios que ahora no son urbanizables, comprendidos entre. la N-I y el futuro trazado norte de la M-40.
De esta manera se liberan 152 hectáreas (1.520 viviendas) en el denominado ensanche de Hortaleza, 250 hectáreas en Montecarmelo (con 2.500 pisos) y otras 270 hectáreas en el polígono Las Tablas, que representan una, intensa edificabilidad: 6.580 nuevos alojamientos.
Invitamos al Ayuntamiento a que se incorpore a los nuevos planes de vivienda", propone Ezquiaga, que señala que entre la Comunidad y el, gobierno municipal ya han existido contactos para apuntalar el ensanche urbanístico norte.
Para disponer de este suelo, la Comunidad pretende aplicar los mecanismos de expropiación convenida, a fin de agilizar la urbanización de terrenos, directamente ejecutada por las adminstraciones públicas. .
El 70% da las, viviendas de estas, actuaciones se destinará a las distintas modalidades de vivienda oficial -promoción pública, protegida o de precio tasado- según el nivel de renta de las familias, a las que se. adjudiquen los alojamientos.
El 30% de los Pisos restantes se ofrecerá en el mercado libre inmobiliario -para finalizarlas obras de adquisición y urbanización y de equipamiento de los terrenos. "Habrá que hacer una gran inversión en vías de servicio y puentes para regular el tráfico procedente de la M-40 hacia las nuevas urbanizaciones% subraya Ezquiaga. En su opinión, el Ayuntamiento no debe contar con las plusvalías de la operación norte para financiar otras obras en la ciudad, como aparcamientos o pasos subterráneos.
De, otro lado, en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas -que suman más de 130.000 habitantes- se acomete la construir de 5.500 viviendas, sobre una superficie total de 200 hectáreas. Esta actuación estará obligada a la financiación, de un nuevo ramal ferroviario entre Madrid y ambos municipios.
El Gobierno regional no dará pisos a quien gane más de 310.000 pesetas
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La Comunidad de Madrid, que concede, en última instancia la etiqueta de vivienda pública que abre la puerta a los créditos blandos, no aceptará la adjudicación de pisos a precio tasado a quienes obtengan un sueldo máximo de 428.000 pesetas brutas (7,6 veces el salario mínimo interprofesional, según lo acordado por el Ayuntamiento).
El viceconsejero de Política Territoríal, Oswaldo Román, considera que el acuerdo municipal (véase EL PAÍS de ayer) supone "subvencionar a las clases más pudientes" frente a la gran mayoría de las familias (el 10%) que se encuentra bajo los, límites oficiales de renta -5,5 veces el salario mínimo, unas 310.000 pesetas brutas mensuales para acceder a las adjudicaciones de viviendas públicas.
Román, que fue gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) durante el último mandato del PSOE, asegura que la propuesta del Ayuntamiento no obtendrá la financiación prevista en el plan estatal, que supone un interés máximo del 11% para los créditos hipotecarios. "Los bancos serán los principales beneficiarios de este proyecto municipal, porque los compradores tendrán que pedir préstamos al l5%", advierte el viceconsejero.
"La Comunidad no va a entrar en el juego de subvencionar viviendas de lujo a precio fijo" según Román, para evitar, discriminaciones. Sin las calificaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Comunidad, ninguna promoción inmobiliaria puede acogerse a los beneficios fijados por el Gobierno.
El acuerdo municipal, que el PSOE votó en. contra, recibió el apoyo político de Izquierda Unida, Román asegura que no entiende "a qué juega" la coalición en asuntos de vivienda.
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