El CGPJ se abstiene de opinar sobre la ampliación de los supuestos de aborto

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),acordó ayer no sugerir al Gobierno la ampliación de la despenalización del aborto y se pronunció a favor de no informar sobre ese delito, ya que el texto remitido por el Ministerio de Justicia no contiene variaciones respecto a la situación actual. Sin oponerse a este acuerdo, 10 vocales -nueve designados por el PSOE y uno por el PP- votaron que la despenalización puede ampliarse al supuesto socioeconómico o a una ley de plazos.

La primera discusión institucional del anteproyecto de Código Penal reflejó la profunda división que existe en tomo a la futura regulación del aborto y provocó arduas discusiones entre los sectores conservador y progresista del CGPL El Consejo decidió finalmente orillar el espinoso asunto y aprobó por unanimidad el informe elaborado por el vocal Tomás Salvador Vives, a excepción de los folios 18 a 22, relativos al aborto, sobre los que decidió no informar. En estos folios se incluye un análisis que desde el punto de vista dogmático concluye que los tres supuestos actuales de aborto -terapéutico, ético y eugenésico- podrían ampliarse al supuesto socioeconómico y en todos ellos "sea la mujer quien tome la decisión final", tras las debidas consultas y ofertas de asistencia, sin que ello implique responsabilidad penal. Esta novedosa solución, propuesta en el borrador de informe por el ponente Tomás Salvador Vives, implicaría que la mujer que abortase no resultaría castigada siempre que previamente se hubiera sometido a las debidas consultas que garantizasen la firmeza y seriedad de su decisión.

Votos concurrentes

Seis vocales del Consejo emitieron un voto concurrente en el que no se oponen al acuerdo de no informar, pero entienden que se podía haber llegado al supuesto socioeconómico contemplado en el informe de Vives. Estos vocales fueron Fernando Jiménez Lablanca, Rafael Fernández Montalvo, Juan Antonio Xiol, José Luis Granizo, Tomás Vives y Javier Gómez de Liaño, éste último del grupo de consejeros designados a propuesta del Partido Popular. Otros cuatro consejeros del sector progresista, Ignacio Sierra, María Teresa Fernández de Vega, Juan Alberto Belloch y Soledad Mestre, votaron a favor de regular el aborto mediante el sistema mixto: plazo para abortar en las 12 primeras semanas y posteriormente, según las tres indicaciones actuales más la socioeconómica. Sala se pronunció personalmente a favor de esta opción, pero no estimó oportuno formular un voto concreto.

Pascual Sala calificó el informe de "constructivo" y dijo que no supone ni "una censura" ni "un espaldarazo al Gobierno". Preguntado si el dictamen será del agrado del Ministerio de Justicia, Sala replicó: "No me preocupa, y creo que al ministro tampoco".

El resto del informe elaborado por Vives fue aprobado por unanimidad. El informe se opone a singularizar el tratamiento penal para terroristas y narcotraficantes con aumentos de penas y reducción de beneficios penitenciarios y se muestra partidario de retirar del anteproyecto la difamación, ya que los delitos de opinión deben resolverse por la vía civil.