Directivos del Banco Santander citados a declarar ante el juez de delitos monetarios

Los directores de varias sucursales del Banco Santander han sido citados a declarar por el juez de delitos monetarios para que expliquen su intervención en las 44.000 operaciones de cesión de créditos que realizó la entidad entre los años 1987-1989, según fuentes oficiales. Mientras tanto, expertos en materia tributaria, que han sido nombrados peritos jurídicos, examinan la abundante documentación incautada en los registros de las oficinas del Santander llevados a cabo durante Semana Santa en tres provincias españolas.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, señaló ayer que había dado instrucciones al fiscal encargado del caso para que interesase la declaración de todos los directivos de las sucursales donde se han detectado operaciones irregulares. Aranda precisó que no todas las operaciones de cesión de créditos son irregulares, pero que en un buen número de ellas, según la documentación aportada por la inspección de Hacienda, se constata la existencia de presuntos testaferros.Un portavoz oficial del Banco Santander manifestó ayer que no había sido recibida ninguna notificación para que empleados de la entidad prestasen declaración sobre este caso.

El juez Moreiras ha respaldado la petición fiscal y ha acordado citar a los ejecutivos supuestamente implicados. Sobre la identidad de los directivos, un comunicado oficial del juzgado señaló ayer que "cuando los citados comparezca y presten declaración se podrá decir quiénes son y si se han adoptado medidas de aseguramiento sobre sus situaciones personales". El mismo comunicado dejaba abierta la posibilidad de adopción de medidas cautelares contra alguno de los declarantes. Las operaciones se realizaron en numerosas provincias y ciudades tan dispares como Madrid, Barcelona, La Rioja, Huelva, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife o Málaga.

Titulares ficticios

En muchos casos, los supuestos titulares de las cesiones de crédito, cuyos nombres han sido facilitados por el banco, han negado no sólo tener algo que ver con la operación, sino incluso no disponer de una cantidad de dinero tan elevada como la que figura en la documentación de Hacienda.

Así, un parado que vive en una residencia de monjas de beneficencia aparece en la documentación como titular de 36 millones de pesetas. Situación similar ocurre con un jubilado. Otros, en cambio, son de dificil o imposible localización, como un sacerdote cuyo último domicilio conocido se localizaba en la ciudad norteamericana de Miami o un musulmán que reside aparentemente en la India.

El juez pretende esclarecer las identidades reales de los titulares de las operaciones y por ello ordenó en días pasados los registros de locales y oficinas del Banco Santander, donde se intervinieron numerosos documentos. Esta documentación está siendo estudiada y analizada por los expertos fiscales que han sido designados peritos judiciales para este caso. A éstos expertos tributarios les ha sido encomendada la elaboración de un informe oficial que será incorporado al proceso como pericia.

La declaración de los directivos se plantea como un modo de contrastar la documentación intervenida y conocer si la operaciones de cesión de créditos correspondían a una estrategia de la dirección de la entidad o si por el contrario eran iniciativa de los responsables de cada sucursal.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que por el momento no está previsto citar a los máximos responsables del banco, al menos hasta tanto no se tenga una idea clara de lo que ha ocurrido en cada operación y de la delimitación de posibles responsabilidades.