Gil-Robles insiste en la inconstitucionalidad de la 'retención' policial

El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, insiste en su último informe al Congreso, tras la aprobación de la polémica ley Corcuera, en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la retención policial, según informa Servimedia. El informe reafirma el criterio de que "o se es libre o se está detenido". Asociaciones de juristas progresistas estudian, por otra parte, ejercer la acción popular en lo que consideran aplicación anticipada de la Ley de Seguridad Ciudadana en Sevilla, donde la policía registró un piso sin mandamiento judicial.

Gil-Robles entiende que es inconstitucional el traslado de un ciudadadno a la comisaría si no es para inculparle formalmente de un delito o tomarle declaración al respecto. Este criterio puede entrar en abierta contradicción, o dejar en papel mojado, el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, vigente desde el pasado 13 de marzo.El artículo establece que "de no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismes fines del apartado anterior [indagación o prevención] los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas". La ley añade que esta operación se realizará "por el tiempo imprescindible".

El Defensor del Pueblo recoge la queja de un ciudadano que denuncia malos tratos en una dependencia de la Guardia Civil, a la que fue conducido r una infracción de tráfico. Álvaro Gil-Robles señala que debe rechazarse la "retención, por cuanto pudiera constituir una detención encubierta". El Defensor del Pueblo "no entiende adecuada a la Constitución y a las leyes una interpretación" que dé amparo a las retenciones policiales. Al presentar el informe, Gil-Robles no reveló si presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, como le han pedido IU, CDS y Eusko Alkartasuna. La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas, que agrupa a Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, estudiará la semana próxima si ejerce la acción popular en lo que considera un caso de aplicación anticipada de la ley Corcuera, al registrar la policía un piso sin mandamiento judicial.