Razones para el cambio

Además de limitar los subsidios por parte de los Estados, la Comunidad Europea exige que éstos sean transparantes: el mantenimiento de mecanismos extrapresupuestarios y no transparentes de financiación concesional supondría la práctica imposibilidad de controlar los apoyos financieros y, en consecuencia, de asegurar el principio de igualdad de oportunidades de competencia en el mercado. Asimismo, la continuidad de dichos esquemas imposibilitaría el conocimiento de las situaciones presupuestarias reales de los Estados miembros y, por tanto, de su correspondiente grado de convergencia en las magnitudes básicas contempladas en los acuerdos de Maastricht.Asimismo, su continuidad imposibilitaría el conocimiento de las situaciones presupuestarias reales de los Estados miembros y, por tanto, de su correspondiente grado de convergencia en las magnitudes básicas fijadas en Maastricht.

Se comprende, pues, que a la Comunidad Europea le resulte insuficiente controlar los apoyos explícitos prestados por los Estados miembros a sus economías y trate de limitar el recurso a los de carácter implícito. La paulatina implantación de la armonización básica va a ir consiguiendo el logro de este objetivo. Así, por ejemplo, el grado ya alcanzado en la armonización básica de la legislación en materia bancaria implica, entre otras, las siguientes limitaciones:

- Restricción en las posibilidades de mantener entidades de crédito no sometidas al régimen normativo de aplicación general. - Penalización de las concentraciones de riesgo a través de la directiva sobre recursos propios y, próximamente, mediante la limitación de grandes riesgos, haciendo imposibles determinadas financiaciones, habituales hasta ahora para algunos sectores y empresas.

Apoyos financieros

-Limitación de las participaciones industriales en proporción a los recursos propios de las entidades, en un claro intento de restringir el establecimiento de relaciones que resultarían difíciles de controlar.En definitiva, en la medida en que avanza la concreción de la unidad europea se va imponiendo tanto la exigencia de limitaciones como de transparencia en los apoyos financieros a la economía, caminándose en el sentido de que éstos se incorporen a los presupuestos de los respectivos Estados.

Indudablemente, la renuncia de los Estados a la utilización de sistemas no transparentes de financiación concesional es una decisión especialmente difícil para aquellos países que han dependido históricamente del recurso masivo a la misma. La diversidad y la fragmentación estatal europea ha creado redundancias, ineficiencias y bolsas de economía artificial que, indefectiblemente, habrán de sufrir las consecuencias de la no protegibilidad de sus intereses en el nuevo marco. Y ello va a implicar la necesidad de afrontar procesos de saneamiento y de ajuste al nuevo entorno no ya como una opción, sino como la lógica consecuencia de la aceptación de las nuevas reglas de juego. Pero es que incluso haciendo abstracción de esta realidad europea en que estamos inmersos, la aceptación del principio de no recurso a la banca como instrumento al servicio de los objetivos de la política económica es actualmente -y frente a otras circunstancias del pasado- más coherente con las necesidades de nuestra economía y sociedad.

En el fondo, podría parecer que el dilema de la subsidiación de la economía a través del sistema financiero o vía presupuestos es puramente académico. No es así. El recurso a una u otra fórmula tiene efectos e implicaciones diferentes de indudable trascendencia. Sin entrar en su valoración, debe entenderse desde luego como más justo que el conjunto de la sociedad conozca y asuma los costes de las exigencias que ella misma plantea, ya que sólo así es posible la disciplina y racionalidad de sus demandas. Y ello es indudablemente más fácil desde la transparencia presupuestaria.

Solidez de la banca

Por otro lado, y desde la perspectiva del propio sistema financiero, es evidente que la no instrumentalización de la banca es un claro refuerzo a su solidez. Si bien es cierto que en la banca se da la posibilidad de mantener larvadas durante largos periodos situaciones de desequilibrio patrimonial, éstos acaban apareciendo más pronto o más tarde. De ahí la enorme importancia que en la actividad bancaria supone hacer del rigor y ortodoxia de funcionamiento una norma permanente, respetando siempre la coherencia entre la obligación de asegurar la integridad del patrimonio de los depositantes, y los riesgos de principal, plazo, tipo de interés o grado de subordinación que se contrae al invertirlos. Y ello puede llegar a estar reñido con la utilización instrumental de la banca, sea pública o privada.Pero su no instrumentalización es, además, una cuestión de racionalidad y eficiencia económica general. Y, en este sentido, parece claro que es más eficiente un sistema que exige: un desarrollo económico basado en la iniciativa empresarial y no en el dirigismo del crédito; la asunción por cada uno de los agentes de riesgos proporcionales a las rentabilidades que pretenden, dejando para la política fiscal la tarea de redistribución; el cumplimiento de sus objetivos naturales a las empresas, sean privadas o públicas sin que hayan de asumir otros objetivos de sus accionistas que, aunque legítimos, encuentren mejor acomodo en unidades no empresariales.

Alternativa continuista

Como queda dicho, la hipótesis de mantenimiento de la instrumentalización de la banca por los Estados para el mantenimiento de sectores económicos parasitarios tiene escasas probabilidades de subsistir. No obstante, las presiones de los diversos intereses podrían inclinar a algunas administraciones públicas hacia el continuismo en la subsidiación de la economía extrapresupuestariamente y, más en concreto, a través del sistema financiero, dadas sus características ya citadas de mayor capacidad y más dificil control. Evidentemente, tal posibilidad supondría, en el caso de ser viable, un simple aplazamiento de los ajustes necesarios y una mayor dificultad para la realización futura de los mismos.Aplicada a nuestro país, la hipótesis del continuismo sería, en definitiva, incompatible con el objetivo asumido de incorporarnos al grupo de países destacados en la UEM.

De no estar ya vigente la razón de ser fundamental de los bancos públicos enunciada por Lindbeck, cabría plantearse su congelación progresivo desmantelamiento. Este planteamiento, excesivamente simplista, podría tener sentido en aquellas entidades que han permanecido exclusivamente limitadas a su función subsidiaria. En todo caso, tales bancos podrían ser reconvertidos en agencias estatales no empresariales y, consecuentemente, sujetos a normativas singulares.

Sin embargo, en la mayor parte de los países europeos gran parte de los bancos públicos existentes han desarrollado en buen grado actividades de mercado que, en algún caso, han llegado a superar en importancia al crédito concesional. Siendo esto así, parece más razonable reorientarlos preferentemente hacia la actividad de mercado y en libre competencia, convirtiéndolos en activos rentables y valiosos para el Estado. Puede contribuir a la superación de cargas arrastradas del pasado como resultado de su decidido apoyo a sectores económicos en dificultades.

Esta nueva visión de la banca pública como plenamente competitiva en el mercado requeriría, obviamente, legitimarse para evitar conculcar las reglas básicas del mismo y, en consecuencia, la contestación del sector privado. De aquí que el movimiento de adaptación de los bancos públicos a la normativa general deba entenderse como una medida necesaria.

La tendencia al aumento de la dimensión observada en los bancos públicos es igualmente coherente con su objetivo de competir y viene motivada por razones idénticas a las que impulsan los movimientos de concentración en el sector privado. Además, en el caso de los bancos públicos, la mayor dimensión diluye el esfuerzo necesario para la superación del pasado, a la par que se halla en perfecta sintonía con la tendencia observada al mantenimiento del control nacional, tendencia que tendría poco sentido si no se apalancase en entidades de suficiente significación.

Por último, es en esta nueva perspectiva en la que tiene pleno sentido la entrada de accionistas privados. En efecto, estas privatizaciones, que permiten al Estado recuperar las plusvalías de su inversión, dan entrada a capitales privados cuyos derechos no quedan expuestos a decisiones discrecionales de carácter no empresarial del accionista mayoritario, haciéndose posible la coexistencia de capitales públicos y privados al darse una compatibilidad de intereses.

Centradas, pues, la tendencias de cambio en los bancos públicos en su concepción genuinamente empresarial desearía hacer una breve referencia a aquellos objetivos que, en la nueva dimensión, son más relevantes.

Sin duda, el primer objetivo básico es crear valor añadido para sus accionistas, lo que consiste, en definitiva, en acrecentar su valor patrimonial y estratégico a través de una óptima gestión. Ello pasa en las empresas avanzadas por la obtención de un retorno hacia la sociedad en la que se desenvuelve, y hacia los colectivos a los que sirve.

Los bancos públicos pueden también desempeñar el papel de lo que Revell denomina "arma táctica" frente a situaciones o evoluciones que pueden comportar restricciones a la competencia, o que no garanticen plenamente el servicio público bancario.

Por otro lado, la continuidad de los bancos públicos es una garantía de transición ordenada del viejo al nuevo modelo de financiación de actividades protegibles -como, por eje, el acceso a la vivienda-, nuevo modelo que debe estar abierto a la totalidad del sistema financiero y ser compatible con las limitaciones comunitarias. Es más, ha de hacerse de la transición ordenada hacia este nuevo sistema un objetivo en sí mismo.

Por último, debe constituir un objetivo de los bancos públicos garantizar una posición negociadora activa en la construcción de las entidades paneuropeas que conformarán el núcleo del sistema bancario de la comunidad. Los bancos públicos están probablemente en mejores condiciones que sus homólogos privados para asumir, constructivamente, los compromisos que requiere la construcción de auténticos bancos europeos.

es presidente de Argentaria.