Solchaga justifica el recorte del desempleo por el abuso de las empresas y el parasitismo social
El recorte del seguro de desempleo, que hoy entra en vigor, persigue eliminar dos de sus defectos actuales. Por una parte, "la utilización abusiva" que hacen las empresas de la contratación temporal, y por otra, "erradicar el parasitismo social" generado por un sistema "voluntarista" que no incentiva la incorporación al trabajo. Así lo justificó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, durante el primer debate parlamentario sobre el plan de convergencia con la CE. El debate, que duró seis horas, coincidió con la publicación en el BOE de la medida más dura de este plan, el recorte del desempleo, lo que provocó la respuesta más airada por parte de los grupos de la oposición y la mayor batería de argumentos por parte de Solchaga.El ministro justificó la medida por las perversiones del sistema de contratación temporal y el voluntarismo de las prestaciones al desempleo. El resultado es que los gastos del Instituto Nacional de Empleo se han multiplicado por dos en los últimos tres años (hasta alcanzar los dos billones de pesetas), cuando el número de parados "ha crecido alrededor de un 10%". Por ello, según el ministro, "estamos ante una situación dificil de cara al equilibrio presupuestario que exige el plan de convergencia". La actitud de los empresarios es una de las razones de esta desviación, según Solchaga. El actual sistema de contrataciones temporales ha provocado un "fraude de ley por parte de algunas empresas que han socializado sus costes laborales a través de una gran rotación en los puestos de trabajo". También existe "complicidad" entre unos empresarios que emplean trabajadores a sabiendas de que cobran el paro.
Por otra parte, "hay un deseo de evitar el parasitismo social y el enquistamiento provocado por determinados esquemas de solidaridad"; es decir, "algunos prefieren instalarse en la marginalidad porque la prestación supera lo que se percibe por un trabajo y ello desestimula la incorporación al mercado laboral".
Solchaga aseguró que las prestaciones por desempleo en relación al PIB son en España superiores a las vigentes en algunos de los países más ricos de la CE. El recorte del desempleo aprobado ayer persigue "abandonar una política voluntarista", pero sin que ello suponga, "en ningún momento, una disminución una gasto por desempleo".
Estos argumentos no convencieron a la oposición, en especial al portavoz de IU, Nicolás Sartorius, que planteó la medida como "un casus belli". El recorte del paro no tiene nada que ver, según Sartorius, con los objetivos de Maastricht; es una propuesta " desestabilizadora" y "una agresión sin precedentes". Sartorius preguntó al ministro si no tenía bastante flexibilidad laboral con 15 modalidades de contratación y denunció "la inseguridad vital que se provoca".
Por su parte, el portavoz del PP, Rodrigo Rato, denunció estas medidas por haberse tomado "en solitario y por sorpresa". Las referencias a la marginalidad son, en su opinión, "la mayor muestra de cinismo que se ha dado en esta Cámara". Al parecer, "se prefiere recortar las prestaciones para todos antes que reducir el fraude".
El portavoz del grupo vasco, Emilio Olabarría, apuntó la posible inconstitucionalidad de las medidas, "ya que se vulneraría el mandato de irreversibilidad"; es decir, que el nivel de protección social alcanzado no pueda sufrir un recorte posterior. Por su parte, el diputado de CiU, Francesc Homs, planteó que primero es necesario reformar el Inem y mejorar su gestión y desarrollar políticas activas de empleo, antes que moderar el subsidio.
